Desde que formalizó su candidatura a la presidencia, Sebastián Piñera, señaló reiteradamente que durante su gobierno comenzaría a eliminar la “grasa del Estado”, en directa alusión a funcionarios públicos y a los denominados “operadores políticos”.

A un mes de iniciado su segundo gobierno, ya se ha puesto en jaque la probidad de algunos de sus 20 secretarios regionales ministeriales que no pudieron asumir o bien renunciaron a los pocos días de posesionarse en sus respectivos cargos. Así, las denuncias respecto a la falta de prolijidad en el nombramiento de autoridades regionales ponen en duda la “eliminación de supuesta grasa”. Más bien, continúa en el ojo del huracán y suma una nueva denuncia en la Región de O’Higgins.

La involucrada, en este caso es la Gobernadora de la Provincia de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff Galeb, quien está siendo cuestionada por su probidad financiera para ejercer como segunda autoridad de Gobierno y directa representante del Presidente de la República en la provincia.

La actual Gobernadora de Cachapoal presenta una serie de morosidades en el sistema financiero. Las deudas con bancos son cuantiosas y de larga data, partiendo algunas de ellas el año 2012; lo que, sin duda alguna, podrían contraponer sus intereses con el ejercicio de su cargo.

De acuerdo a la información comercial del mes de marzo de 2018, la actual autoridad provincial y ex candidata a diputada de Renovación Nacional por el distrito 15, presenta protestos bancarios por más de 146 millones de pesos y morosidades por otros cerca de 6 millones. Lo anterior puede corroborarse a través de las demandas que mantiene vigentes en el segundo juzgado civil de Rancagua.

Las situaciones descritas son, de acuerdo a los criterios del Gobierno, duramente cuestionables puesto que pone en duda la probidad de la autoridad, algo que durante el primer periodo de Sebastián Piñera también fue objeto de preocupación. En ese entonces, el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, solicitó al Gobernador de Los Andes, Angelo Barbieri, la renuncia a su cargo por morosidades millonarias, lo cual consta en publicaciones de prensa de la época.

De acuerdo a información de la oficina virtual del Poder Judicial, la Gobernadora se encuentra con una sentencia ejecutoriada del Segundo Juzgado Civil de Rancagua , con fecha 29 de marzo de 2018, por un monto superior a los $54.825.282, por lo cual fue notificada a través de publicación en medio de comunicación de la zona. Dicho monto es parte de la totalidad de las deudas que avalan esta denuncia que, además, son parte del rumor generalizado al interior de los Servicios Públicos de la Región de O’Higgins.