La exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, presentó una solicitud de reconsideración ante la Contraloría General de la República (CGR). El objetivo del documento, que se extiende por 26 páginas donde pide dejar sin efecto el polémico Dictamen N°D344, emitido por el organismo que lidera Dorothy Pérez.

El ente fiscalizador había concluido que Steinert actuó fuera de sus atribuciones legales al emitir el Oficio Reservado N°28, a través del cual solicitó información confidencial a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre traslados de personal en una brigada especializada en Iquique.

La CGR también cuestionó que la exautoridad no se abstuviera de intervenir, considerando que hasta antes de asumir el ministerio se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá, zona donde operaba dicha unidad de la policía civil.

En su ofensiva legal, Steinert acusa directamente a la Contraloría de incurrir en errores de derecho e invadir facultades exclusivas del Poder Ejecutivo.

Según el escrito de la exministra, la Contraloría "invade la esfera del mérito" de una decisión netamente administrativa, realizando una evaluación sobre la conveniencia del requerimiento de información en lugar de limitarse a evaluar su estricta legalidad.

Para fundamentar su postura, la defensa de Steinert se apoya firmemente en la Ley N°21.730 (normativa que dio origen al Ministerio de Seguridad Pública). Asegura que el artículo 3 de este cuerpo legal faculta de manera explícita a la jefatura de la cartera para solicitar antecedentes a las policías, "aun si tienen el carácter de secretos o reservados", siempre bajo un estricto deber de confidencialidad.

En este sentido, advierte que el criterio actual de Dorothy Pérez restringe de forma peligrosa e ilegal las capacidades de control del nuevo ministerio.

Rechaza la existencia de un conflicto de interés

Respecto al reproche ético por no haberse abstenido, Steinert rechaza de plano la existencia de un conflicto de interés.

En esta línea, la exministra enfatiza que el dictamen no aclara qué beneficio personal o patrimonial habría obtenido con la consulta. Al contrario, argumentó que su experiencia previa como persecutora en el norte del país no representa una traba, sino "un título de idoneidad" para el cargo público.

De seguirse la lógica de la Contraloría, advierte, ningún exfiscal, juez o policía podría liderar el Ministerio de Seguridad Pública en el futuro.

Finalmente, la exautoridad acusó una grave vulneración a su derecho a defensa. Denunció que el dictamen fue distribuido masivamente a los parlamentarios requirentes, al Ministerio Público, al Ministerio de Seguridad y a la PDI, pero que ella —la persona directamente afectada por el reproche— nunca fue notificada de forma previa o formal.

Con estos antecedentes, Steinert solicitó formalmente a la contralora Dorothy Pérez que declare que el oficio se ajustó a la ley o, de manera subsidiaria, que aclare que el texto emitido por el ente fiscalizador no constituye de ninguna forma una declaración de responsabilidad personal o penal en su contra.