Un grupo de 79 figuras de centroizquierda, incluyendo líderes de partidos y ex secretarios de Estado, publicaron este lunes una declaración en la cual hicieron un llamado al "diálogo" y a la "tolerancia" de cara al proceso de reforma constituyente, y condenaron "el creciente clima de odio" en el país.

El texto, titulado "Carta por el Diálogo, la Tolerancia y los DD.HH.", se da a conocer luego de que el diputado Gabriel Boric (CS) fuera víctima de una funa mientras se encontraba en un parque del centro de Santiago, donde fue abordado por un grupo de manifestantes, quienes lo increparon y amenazaron.

"Los abajo firmantes nos hemos reunido para condenar la humillación de algunos hacia las personas que piensan distinto, la violencia verbal y física, y la represión policial que transgrede los derechos humanos", comienza señalando el texto promovido por el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

"Las funas hacia personeros que representan pensamientos diversos por parte de grupos que se aprovechan de su superioridad numérica, la prepotencia discursiva, las acciones públicas de intolerancia, unidas a las noticias falsas y los discursos populistas, son expresión de una peligrosa polarización que amenazan nuestra convivencia como sociedad. Vemos a diario estas expresiones de odio e intolerancia, desde la calle a la televisión y las redes sociales", agrega el texto.

En ese sentido, los firmantes, entre quienes destacan el presidente del PS, Álvaro Elizalde, el líder del PR, Carlos Maldonado y su homólogo de la DC, Fuad Chahín, repudiaron "que sigan ocurriendo graves violaciones a los DD.HH. perpetradas por agentes del Estado, incluyendo la represión de manifestaciones pacíficas, el uso excesivo de la fuerza con consecuencias de lesiones graves, y las detenciones arbitrarias".

"También condenamos las agresiones a Carabineros, así como los saqueos y el vandalismo que contribuyen a la espiral de violencia y arruinan las vidas de muchos", añadieron.

Con lo anterior, instaron al Ejecutivo a "asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública, a asegurar que el Estado investigue todas las denuncias de violaciones, e impulsar a la brevedad una profunda reforma de Carabineros que cumpla con los estándares internacionales en materia de eficiencia y pleno respeto a los DD.HH.".

Finalmente, se comprometieron a "promover acciones consecuentes con estos propósitos. Estos objetivos resultan fundamentales para tener un proceso constituyente civilizado, un debate constructivo con respeto a las ideas de los demás, mirando a la materialización de un futuro mejor para todas y todos los chilenos".