La denuncia por violación y abuso sexual contra Manuel Monsalve remeció a La Moneda, y a casi una semana después de que que el caso estallara en la prensa, los estamentos de mujeres de los ocho partidos oficialistas calificaron el hecho “de extrema gravedad” y apelaron a que la “justicia actué con rapidez y sin interferencias” para que en el caso “de que se comprueben los hechos” sean sancionados con el máximo rigor de la ley.
A través de un comunicado en conjunto entre el Partido Liberal, Socialista, Comunista, Radical, Acción Humanista, Partido por la Democracia, Federación Regional Verde Social y el Frente Amplio, manifestaron que en el gobierno del que son parte “no debe haber privilegios, ni tampoco personas que atenten contra el proyecto feminista que estamos construyendo”.
En esa línea, remarcaron la importancia de “manejar la situación con perspectiva de género” porque integran “un proyecto político feminista, que no puede ver un futuro sin una estrategia conjunta para la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer”.
Además de trazar esta postura, respaldaron el rol de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA) y su par de Interior, Carolina Tohá (PPD), frente a las críticas que han surgido por cómo han manejado el caso. En concreto, la frenteamplista fue duramente cuestionada por explicar la demora de la salida de Monsalve de la subsecretaría, comparándolo con el oficio de un portero, es decir, que debido a la relevancia del cargo de la exautoridad no se podía tratar de la misma forma.
Mientras que Tohá es apuntada porque pese a que se enteró de la denuncia el 14 de octubre, el subsecretario continuó realizando actividades oficiales hasta dos días más tarde, fecha en que La Segunda dio a conocer la indagatoria en su contra.
Por lo mismo, defendieron que las secretarias de Estado “han actuado de forma transparente y categórica al condenar los hechos, respaldar la investigación en curso y resguardar la identidad de la denunciante, sin dar mayores detalles de las acciones desplegadas”.