El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, analizó el informe emitido por la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos habrían incumplido el periodo de reposo indicado en sus licencias médicas, viajando fuera del país durante ese lapso o parte de él.

Frente a esta situación, el secretario de Estado aseguró que el Gobierno está impulsando una serie de medidas para enfrentar los "abusos" en el sistema.

"Cuando se presenta una licencia médica falsa, generalmente, o se le hace daño a los demás cotizantes del sistema, porque hay que financiarla o, en este caso, tener recursos adicionales también para financiarla. Por tanto, aquí, literalmente, ‘no paga Moya’, paga el resto de las chilenas y chilenos honestos", afirmó Elizalde.

El ministro fue enfático en defender el derecho de los trabajadores a acceder a licencias médicas, pero subrayó que ese beneficio debe estar debidamente justificado: "Por cierto, existe un derecho, cuando un trabajador está enfermo, tiene derecho al subsidio de incapacidad laboral, a la licencia médica, al descanso necesario para su recuperación. Pero ese derecho se ejerce en la medida que tenga el fundamento médico, no cuando se abusa del sistema".

En cuanto a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, Elizalde recordó que recientemente se promulgó una nueva ley que apunta directamente a los "grandes emisores". "Dentro de las medidas que hemos estado impulsando, está la modernización del marco jurídico para evitar el abuso del sistema. Y, de hecho, hace pocos días se promulgó la ley que regula el sistema de los grandes emisores (…) Esta es una ley que veníamos impulsando hace mucho tiempo, finalmente se aprobó. Esto nos va a permitir enfrentar el caso de los grandes emisores, que son las que emiten, descaradamente, un significativo de licencias sin fundamentos, y que son las que hacen mayor daño a la comunidad económica y social", indicó.

Respecto del informe de la Contraloría, Elizalde señaló que se han establecido acciones concretas para investigar y sancionar a los eventuales responsables.

En esa línea, dijo que "en primer lugar, se está solicitando un informe a todos los ministerios y servicios. En segundo lugar, se va a instruir para que inicien los sumarios internos y, en tercer lugar, se van a entregar todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que analicen acciones civiles y penales. Si existiera —no estamos anunciando ningún delito— se ejercerán acciones penales. En caso de que sea necesario establecer alguna forma de ejecución, de esos comprometidos, se van a ejercer las acciones civiles".

Finalmente, el ministro recordó que el combate contra el mal uso de licencias médicas no es reciente y que ya se han adoptado medidas concretas, particularmente en el sector salud. "De hecho, ya se viene trabajando esto desde antes. En el sector salud se han presentado 300 denuncias, al menos, al Ministerio Público respecto de licencias infundadas, y adicionalmente se han realizado al menos más de 1.200 sumarios para determinar las eventuales responsabilidades correspondientes", concluyó el secretario de Estado.