Tal cual lo declaró recientemente el ministro de defensa y el comandante en jefe del ejército, los actuales jefes de las FFAA no participaron directamente en el golpe de Estado cívico militar de 1973 y en acciones represivas en contra de chilenos y chilenas, (aunque eso debe ser investigado).

Pero esto no exime a los actuales mandos de las FFAA de su responsabilidad, que es eliminar aquellos vestigios doctrinarios que permitieron a los mandos superiores y subalternos, por 17 años, manipular los conceptos asociados al deber y la disciplina, asignando a los militares (a las FFAA) la tarea de defender el orden establecido e impuesto en 1973 por las armas, reprimiendo a sus compatriotas.

Bajo esta concepción doctrinaria, luego del golpe de Estado, se crearon como parte de la estructura militar la DINA y la CNI, con recursos del Estado y con oficiales de las tres ramas de las FFAA y de carabineros. Organismos que planificaron y ejecutaron la represión al mando de ex oficiales que, en el ejército, hasta hoy son considerados como pares militares, referentes, incluidos los que han sido procesados, condenados o sindicados como violadores de derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad.

Por lo tanto, el Sr ministro de defensa se equivoca al alegar que los ex militares y los que están en Punta Peuco, quienes hablan en nombre de las FFAA, no pertenecen al ejército, sus declaraciones revelan un desconocimiento de las instituciones militares. Los ex militares reciben sueldos de las FFAA, están asociados en organizaciones financiadas por el ejército. Son organizaciones que actúan como grupos de presión en sus instituciones, que están organizados en círculos y estamentos de ex generales, ex coroneles y ex oficiales, a los cuales el ejército les sigue reconociendo sus grados, sus privilegios y son invitados a los actos formales de la institución.

Mientras esto continúe así, por acción u omisión, con la mirada pasiva de los gobiernos democráticos, los actuales mandos de las FFAA son encubridores y protectores de criminales. Quienes se refugian en la institucionalidad militar, comprometiéndolas, tal cual lo hicieron antes Pinochet, Merino Leigh, Mendoza y Contreras, en sus intereses delictuales. 

Protegiendo a los criminales se le miente a Chile, en reiteradas ocasiones los jefes de las FFAA han dicho que el ejército no tiene más información que entregar en relación a los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Mientras es de conocimiento público que, por años, el ejército ha negado, ha entregado información falsa o no ha entregado la información requerida por la justicia, para investigar a ex militares involucrados en crímenes de lesa humanidad.

En el ejército lo que hay es un pacto de silencio para proteger a los oficiales de las FFAA, quienes estuvieron a cargo de todos los centros de detención y torturas, los que fueron establecidos en dependencias de las FFAA. Por lo tanto, se conoce quienes fueron los torturadores que allí golpearon, violaron y asesinaron, estos son oficiales y suboficiales con rango y cargo.

La Moneda fue bombardeada por oficiales de la fuerza aérea de Chile, un acto criminal que aún se protege en la impunidad del silencio. Los detenidos desaparecidos fueron lanzados al mar desde helicópteros del ejército y los cadáveres fueron desenterrados y hechos desaparecer por oficiales y suboficiales de las FFAA y carabineros.

Lo que se requiere, por lo tanto, es exigir a las instituciones militares para que estas entreguen la información requerida, pero bajo pena de rebeldía ante la justicia, esa es la manera de romper el pacto de silencio. El que existe entre ex militares quienes han pretendido que su juzgamiento lo es en contra de la institución militar, impidiendo que la justicia haga su trabajo y que esa información se conozca.

Por el camino de cerrar la puerta, intentando poner fin a la discusión, argumentando que el ejército no tiene más información que entregar, el comandante en jefe del ejército y el ministro de defensa, lo que hacen es desprestigiar a la institución militar. Protegiendo a quienes, de manera cobarde, hoy, desprovistos del poder de antaño, niegan que torturaron, desconocen las masacres o desapariciones de personas, hechos en los que participaron o, se refugian en “la obediencia debida”.

No hay contexto valido ni argumento que justifique a quienes torturaron, asesinaron, violaron a mujeres, en esos años, con todo el poder de la vida y la muerte de sus víctimas en sus manos. Que contexto puede justificar el asesinato cobarde de Víctor Jara, a quien le destrozaron su cuerpo maniatado, a balazos, en un pasillo del estadio nacional.

Que contexto puede validar o justificar que un grupo de oficiales del ejército rociaran de combustible a dos jóvenes y les quemaran vivos. Que contexto puede validar la masacre del Laja, el asesinato de obreros y campesinos denunciados como enemigos por los propios empresarios y terratenientes del lugar, fusilados por carabineros. Que contexto puede validar o justificar la caravana de la muerte, ordenada por Augusto Pinochet y ejecutada por el general Sergio Arellano, la que terminó con el asesinato y desaparición de 97 presos políticos.

La historia no se puede dividir en partes convenientes, manipulando y tergiversando el pasado reciente, como se ha hecho en el ejército, difundiendo la historia de la dictadura cívico militar, justificando la represión y sus crímenes argumentando que “Chile se encontraba al borde de una guerra civil, o que “las FFAA actuaron para salvar la patria de caer en el comunismo”.

La verdad histórica, que nunca se podrá tergiversar, es que en Chile había un gobierno elegido democráticamente, que meses antes del golpe de Estado, a pesar de la oposición de la derecha y de la directiva de la DC, del bloqueo económico creado en parte por la derecha y apoyado por el gobierno de Estados Unidos, este había aumentado el apoyo popular en elecciones parlamentarias libres y democráticas. No se puede seguir ocultando u obviando, que para impedir que Allende asumiera la presidencia de la república en octubre de 1970, la derecha, Patria y Libertad con la participación de militares, asesinaron al comandante en jefe del ejército, el general Rene Schneider.

Quienes fuimos militares y nos opusimos al golpe de estado de 1973, denunciamos la actitud cómplice y pasiva de los mandos actuales del ejército, los que con su silencio y actitud, protegen a criminales y perpetúan el legado de los ex militares que arrastraron a las FFAA a reprimir cobardemente a un pueblo desarmado, cegando la vida indefensa de miles de nuestros compatriotas.

¡No más pactos de silencio! No más protección a los criminales ocultos en las filas el ejército. No más impunidad para los ex militares comprometidos en crímenes de lesa humanidad. No más cárceles de lujo para los autores y ejecutores del terrorismo de Estado.

Es la opinión de ex militares que nos opusimos al golpe de Estado cívico militar en 1973.