Por Teresa Frías K.

Una vez más los parlamentarios están en tela de juicio, esta vez tras revelarse la práctica del copy-paste  en el Congreso. Según constató el canal Mega a través de un reportaje, en el que sometió más de tres mil asesorías externas a una revisión a través de un programa, evidenciando similitudes entre textos disponibles sin citar la fuente, incluso del popular suplemento infantil Icarito.

Ese medio mencionó casos de pago de asesorías como el que involucra a la diputada Claudia Nogueira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), por $5.000.000 para hacer propaganda electoral con platas públicas de asesorías parlamentarias. También el diputado Jaime Pillowski (DC), quien usó dineros para mantener actualizadas sus redes sociales, o el diputado Ernesto Silva (UDI) que pagó $8.000.000 por informes repetidos, al igual que otros de sus colegas.

En tanto, Alejandro Guillier, a diferencia del martes cuando admitió que algunos de los informes de Beltrán Asociados Spa fueron telefónicos o presenciales, negó haber pagado por asesorías verbales y anunció que pidió al Comité de Auditorías Parlamentarias que revise todas las consultorías que recibió desde 2014, cuando se inició como legislador.

Otra más...

Sin duda, tanto diputados como senadores han sido blanco de críticas por mucho tiempo, de hecho es una de las instituciones que en la mayoría de las encuestas sigue siendo la  peor evaluada. Sin embargo, estamos a dos meses de las elecciones y varios de los mencionados están por la reelección, quizás no les influya demasiado y vuelvan a salir o bien la sociedad hace algunos cambios.

Para el analista Patricio Gajardo “el desprestigio de la política viene desde hace años, y este es otro caso puntual que se suma. Un desprestigio que el parlamento se ha buscado, porque ahora se sabe que utilizan dineros públicos para costosas asesorías y que sus destinos son inciertos, pero en términos legales son fraude al fisco. Esto si se ve en forma global es sumar al desprestigio de los políticos y la política”.

“En el caso específico de Alejandro Guillier sin duda será uno de los más afectados, porque él va como candidato a la presidencia, porque tiene una connotación mayor, y se ve difícil su camino de ahora en adelante”, puntualiza el experto.

Además, el cientista declaró a Cambio21 que “en términos globales uno podría pensar que esto no genera incentivo para que la gente participe, podría aumentar el nivel de ausencias del electorado. Ahora en términos específicos no creo que vaya a generar un impacto grande, a excepción de Guillier quien va como candidato presidencial”.

Por último, recalcó que “aquí no se puede ocultar información, no se puede guardar bajo la alfombra lo que se hace, y no con algo de este tamaño. Si hay delitos que sean sancionados como cualquier ciudadano común y transparentar lo que sucedió”.

Por su parte, Pablo Collada, director de la Fundación Ciudadano Inteligente, en conversación con Cambio21, declaró que “me parece que uno de los temas más importantes a mencionar es el gasto millonario de fondos públicos”, agregando que “es una práctica que no surgió ni hace un mes, ni un par de semanas, sino que es una práctica que lleva muchos años, y me parece fundamental que se enfoquen en el dinero que se está gastando, que es altísimo”.

“No estoy seguro que gran parte del electorado este informado de este tipo de temas de gastos, y honestamente no creo que afecte demasiado, aunque si me gustaría que así fuese. Sin embargo, pienso que hace falta mucha más información y mucho más intereses de la ciudadanía para hacer investigaciones más profundas”.

Senado se niega a requerimiento de la fiscalía

En otra arista del caso, críticas al interior del Senado generó el anuncio de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente de que ampliará a la Cámara Alta la causa por asignaciones parlamentarias que indaga un eventual delito de fraude al fisco.

Tal como lo adelantó La Tercera, desde la Corporación mostraron su molestia con la decisión de la fiscalía e hicieron llegar la respuesta a través de un oficio en el que explicaron que no “accederán a lo solicitado en las condiciones requeridas, no obstante está plenamente disponible para entregar la información pública que se requiera, en la forma prescrita por la Constitución y la ley”.

Entre los fundamentos de esta determinación se encuentra que “la base argumentativa sobre la cual la fiscalía fundamenta el requerimiento inicialmente desliza la posibilidad de la existencia de otros ilícitos, sin que exista base alguna para ello, lo que junto a la manera en que se solicita, en especial a su difusión pública, termina por causar un grave daño de imagen a la Corporación”, expresaron los parlamentario en el texto.