Dos instancias judiciales le dieron la razón a la telefonista del Senado Natalia Ravanales, quien denunció discriminación por diversos hechos que -acusa- la afectaron durante su ejercicio laboral.

La trabajadora, quien posee una discapacidad visual y solo tiene una agudeza visual del 15 por ciento, acusó reiterados hostigamientos por parte de sus compañeras desde que comenzó a trabajar en la central telefónica de la Corporación en abril de 2015, según informa cooperativa.cl.

Luego de varios problemas se efectuó una reunión en la que participaron el jefe de personal del Senado, Carlos Becerra; la directora de Administración, Ximena Amigo; el jefe de Administración, Luis Carrillo, y el presidente de la Asociación de Funcionarios, Fernando Soffia, a quien ella pidió incluir.

En el encuentro se le dijo que mientras se realizaba un sumario, tendría que trabajar de su casa, a lo que ella protestó, pues aún quedaría bajo supervisión de quienes la hostigaban, no podría usar el programa especial que utilizaba para trabajar y también perdería los beneficios entregados a quienes se desempeñan desde el Congreso, como alimentación, vestuario (uniforme), actividades y capacitaciones, situación que finalmente detonó en la presentación de la demanda por ley antidiscriminación.

Tanto el 5º Juzgado Civil de Valparaíso y la Corte de Apelaciones porteña ya le dieron la razón.

El tribunal civil determinó que la medida adoptada respecto a trabajar desde su hogar en medio del sumario que se iniciaba, fue "como si anticipadamente, y sin ser aún objeto de investigación, se le impusiera una sanción", por lo que "se ha vulnerado su derecho a la integridad psíquica".

Además, aclaró que las autoridades del Senado que participaron en el caso no lo hicieron como personas particulares y por ello se condenó a la Cámara Alta por infracción a la "Ley Zamudio" con una multa a beneficio fiscal de 10 UTM (hoy 470.660 pesos), restituir a Natalia en su puesto y cancelar las costas del juicio.