El Comité Central del Partido Comunista (PC) entregó “su más amplio apoyo y respaldo” al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de que fuera formalizado por cinco delitos de corrupción en el marco del llamado caso farmacias populares.

La mañana de este lunes, la jueza Paulina Moya, del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, acogió la petición del Ministerio Público y decidió decretar prisión preventiva para el jefe comunal tras considerar que es un “peligro para la sociedad”.

Durante el tiempo que dure la investigación, el jefe comunal deberá permanecer en prisión en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, dependiente de Gendarmería, el cual confina a reos de alta connotación pública cuyos delitos no sean considerados violentos.​

Jadue fue formalizado por los delitos de fraude, cohecho, fraude al fisco reiterado, estafa y delito concursal en el marco de la compra de insumos médicos de la ahora desaparecida Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

En un comunicado, el Comité Central del PC señaló que en su pleno del 1 de junio acordaron “entregar su más amplio apoyo y respaldo al compañero Daniel Jadue, quien enfrentó estos días una audiencia de formalización por el caso de la asociación de farmacias populares”.

“Agradecemos las expresiones de solidaridad que ha recibido, tanto en Chile como en el exterior; manifestaciones que, junto con destacar su gestión política, pública y municipal, han expuesto claros argumentos sobre las acusaciones que se le imputan”, agregaron.

En esta línea, mencionaron que “con la misma convicción y respeto que tenemos por el Estado de derecho, la institucionalidad y el poder judicial, esperamos que las pruebas y argumentos que ha presentado la defensa de nuestro compañero sean ponderados por quienes tienen la responsabilidad de ejecutar la ley“.

“En absoluto respeto de lo que se definió hoy y del proceso de investigación decretado tras la formalización, creemos desproporcionada la cautelar de prisión preventiva, porque nos asiste la convicción política de la inocencia de nuestro compañero, al que seguiremos acompañando en este proceso, tal como lo garantiza el principio de inocencia”, añadieron.

Finalmente, afirmaron que, tal como son respetuosos del Estado de derecho y del pronunciamiento del Poder Judicial en este caso, defienden “el legítimo derecho a solidarizar con nuestro compañero. Reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando las iniciativas que promuevan la justicia social y el bienestar de la ciudadanía”.