Las 418 carpetas de quienes solicitaron las hoy polémicas pensiones de gracias, otorgadas por haber visto vulnerados sus derechos fundamentales bajo el llamado estallido social del 2019, están en manos del Fiscal Regional Occidente Marcos Pastén.
El caso ha generado indignación a nivel político, en especial después de un informe de Contraloría que advertía de datos mal caratulados por parte de quienes recibieron estos dineros, así como también alertaba de serios antecedentes criminales por parte de algunas de estas personas, por delitos como abuso sexual o producción de material pornográfico infantil.
Independiente de esto, el gobierno ha enfatizado en que la historia penal de los beneficiarios nunca fue parte de los criterios a revisar en la entrega de estas pensiones, lo que será modificado. Y en paralelo el Presidente, Gabriel Boric, inició el proceso para revocar 27 de estos beneficios, según manifestó la titular de Interior, Carolina Tohá el lunes 5 de febrero.
Según pudo recabar T13, a la revisión de los antecedentes documentales proporcionados por el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las diligencias del ente persecutor se centran en establecer si hubo delito tanto por parte de los beneficiarios, al haber eventualmente entregado datos falsos, como a lo largo del proceso en el gobierno para determinar quién recibiría estas pensiones.
Como parte del trabajo del ente persecutor, comunican a T13 personal al tanto del trabajo investigativo, este jueves 22 de febrero la directora del INDH, Consuelo Contreras, fue citada en calidad de testigo para prestar declaración ante el fiscal Pastén y su equipo.
Diligencia a la que se sumará otra comparecencia, también de Sandra Guerra, Jefa del DAS, dependiente de la Subsecretaría del Interior.
Todo esto ocurre al mismo tiempo de que la información de esta causa fue enviada al Consejo de Defensa del Estado, desde donde solicitaron acceso a la causa, lo que podría eventualmente derivar en que se hagan parte en una de las aristas que se indaga, que tiene que ver con el delito de fraude al fisco.
