Dentro del marco de la investigación por eventuales delitos de violaciones de Derechos Humanos durante las manifestaciones del estallido social, el Presidente Sebastián Piñera prestó declaración en su calidad de querellado. El testimonio del Mandatario consta de once carillas donde detalló que el sistema de inteligencia no informó de ninguna "advertencia concreta y específica sobre un desenlace de hechos como los vividos el 18 de octubre de 2019", y que es por eso que él nunca previó lo que sucedió en el estallido social.

 

Asimismo, sostuvo que la decisión de declarar estado de emergencia no tuvo que ver con el informe que el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, le dio a conocer —donde daba cuenta que "habían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en hecho de violencia"—, sino que obedeció "al estado de grave alteración del orden público, a la violencia desatada y al hecho de que las Fuerzas de Orden y Seguridad estaban siendo superadas por la ola de violencia".

 

En su declaración aseguró que en una reunión que sostuvo con el general Javier Iturriaga, quien asumió como jefe de la Defensa Nacional, le planteó que la razón del estado de emergencia eran "principalmente atentados incendiarios a estaciones de Metro y edificios públicos, privados y los atentados contra infraestructura pública y privada y gravísimas alteraciones al orden público" y que su misión era "resguardar el orden público con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho".

 

"Siempre buscamos que las fuerzas de orden y seguridad resguardaran el orden público lo antes posible para restablecer la normalidad constitucional con pleno respeto por el Estado de derecho y los DD.HH", relató Piñera en la declaración y agregó que tomaron contactos con organismos de Derechos Humanos para invitarlos al país a "observar la situación y recomendar medidas". Reiteró que tras los hechos del 18-O y el consecuente estado de emergencia constitucional, "mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos".