El expresidente Sebastián Piñera aseguró que su instrucción a Carabineros y las Fuerzas Armadas, durante el estado de excepción por el estallido social, fue resguardar el orden público con respeto a los derechos humanos.

En su declaración ante la fiscal Ximena Chong, el exmandatario expresó que “a partir del 18 de octubre (de 2019) es evidente que la magnitud de la violencia y destrucción, atentados muertes, lesionados, significó una sobreexigencia o superación de las capacidades operativas de Carabineros”.

Se trata de un documento de 85 páginas, que consigna las declaraciones prestadas por Piñera el martes pasado en sus oficinas de Vitacura, ante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, quien indaga al exjefe de Estado como imputado por presuntos delitos de lesa humanidad.

Piñera también señaló que “la compatibilización del orden público estrictamente necesario en una democracia y esencial para el ejercicio de los derechos y el pleno y total respeto de los derechos humanos enfrentaban dificultades”.

Sin embargo, insistió en más de una oportunidad en su declaración que su instrucción tanto a las policías como a las FF.AA. fue que se observara la “doble misión de resguardar el COP (control de orden público) y el respeto a los DD.HH.“.

“La instrucción post 18 de octubre, además de fortalecer el cumplimiento de los protocolos y reglas del uso de la fuerza (…) también incluía la necesidad de iniciar sumarios administrativos y poner los antecedentes en manos de la justicia cuando correspondiera”, añadió.

También precisó que “el gobierno planteaba estas instrucciones, pero la forma en que se implementaban era decisión de Carabineros (…). Lo que nunca ocurrió es que nos transformáramos en carabineros, dando instrucciones operativas”.

Acerca de la fiscalización de estas instrucciones, aseguró que se realizaron mediante “oficios y requerimientos verbales del Ministerio del Interior”, y que además se solicitó asesoría internacional en materia de derechos humanos.

Consultado por la información que manejaba previo al estallido, respondió que “pocos días antes del 18 de octubre hubo una reunión del Comité de Inteligencia (…); yo muchas veces preguntaba si había algo adicional en materia de seguridad pública que el Presidente debiese conocer. No hubo respuesta a esa pregunta“.

Luego, enfatizó que “no hubo información previa y precisa de los organismos de inteligencia. Este es un problema grave. El actual sistema no funciona adecuadamente”.

En cuanto a las reglas del uso de la fuerza, declaró que “cuando se discutían, buscábamos cómo darle eficacia a Carabineros y al mismo tiempo proteger los derechos de las personas. Esta es la discusión que se da hasta ahora y que se va a intensificar con el proyecto de ley del gobierno actual (…). Creo que dichas reglas debiesen estar reguladas a nivel de ley“.

Asimismo, aseveró que “es perfectamente posible que exista una violación de los DD.HH. (en los meses del estallido social) y que la justicia nunca logre acreditarla”, y que “para que haya una verdad jurídica tiene que haber una sentencia”.

En los casos de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, quienes perdieron la vista por la acción de carabineros que les dispararon bombas lacrimógenas y balines de plomo a los ojos, dijo que “yo no soy juez y no me corresponde juzgar, pero sí respeto los fallos de la justicia. Ahora, sin conocer todos los antecedentes, en mi opinión, en estos casos, sí hubo violación a los DD.HH.“.

Además, expresó que “la posición del gobierno fue siempre de apoyo a Carabineros, que cumple una labor esencial”, pero “una cosa es apoyar a Carabineros como institución, y otras, que es totalmente compatible, es condenar los abusos y atropellos que pudiese cometer alguno de sus integrantes”.