El Capítulo Chileno del Ombudsman, es una organización no gubernamental que desde 1985 está trabajando por conseguir la instalación de esta figura en Chile. Desde entonces se han realizado múltiples gestiones de organización y preparación para que este organismo pueda desempeñar su rol en nuestro país, tal como ocurre en otras latitudes. Para desentrañar algunas dudas respecto al tema, Cambio21 conversó con Lisette Rebolledo, en la foto, vicepresidenta de la entidad, quien es una de las gestoras de esta iniciativa.

 

 

Es un organismo constitucional autónomo existente en la mayoría de las democracias del mundo. Se encarga de defender y velar por los derechos de las personas frente a los abusos o mal actuar por parte de los organismos pertenecientes al Estado y también del sector privado que presten servicios públicos. También supervisa el cumplimiento de las obligaciones del Estado con las personas, en materia de Derechos Fundamentales.

 

 

La Defensoría de las Personas es una institución independiente, que recibe y busca solucionar todas aquellas quejas de las personas agredidas por la Administración Pública, tiene el poder de investigar, recomendar acciones correctivas y emitir informes, consagrando así la protección de ciudadanas y ciudadanos frente a la actuación de los poderes públicos y por ende, la tutela de sus derechos. Actúa tanto por iniciativa propia, como también en función de las solicitudes de quienes acudan a ella, de manera gratuita, puede requerir información a los organismos públicos comprometidos, constituirse en terreno, emitir recomendaciones o mediar entre las personas y el Estado para resolver conflictos, evidenciar abusos de la autoridad, promover y educar en materia de derechos humanos y proponer iniciativas de ley. Todas las autoridades y organismos del Estado se encuentran obligados a responder y analizar sus requerimientos. También considera a los medios de comunicación para visibiizar los problemas que tiene la ciudadanía, y así corregir rápidamente las reclamos presentados.

 

La actual institucionalidad ha demostrado ser insuficiente para hacer frente al actual volumen y diversificación de la actuación pública: es necesaria una institución que no sólo vele por la legalidad de las acciones de la Administración Pública, si no que además tutele por el respeto de los derechos de las personas frente a la Administración. Tenemos al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), para las personas en nuestra calidad de consumidores respecto al incumplimiento de responsabilidades por parte del Sector Privado, pero, ¿qué pasa con el sector público? Ahí la vía es tribunales, según indica nuestra constitución: las personas que sean lesionadas en sus derechos deberán acudir a los tribunales y ya sabemos como termina eso.

La Defensoría, en cambio, utiliza los medios de comunicación y acciones directas con el órgano involucrado para promover una corrección expedita a las personas frente a eventuales abusos, sin burocracia, sin necesidad de intervención judicial previa, sin conflictos de interés y con independencia política.

 

 

Tal es la necesidad de la Defensoría en Chile, que la sociedad civil y/o algunos organismos gubernamentales han desarrollado defensorías especializadas, también a nivel local, pero que no consideran todas las temáticas de interés público. Cabe señalar, a la vez, que desde el regreso de la democracia, la Creación de la Defensoría es un compromiso que ha estado presente en todos los Programas de Gobierno de la Concertación y en el de la Nueva Mayoría: Se han presentado 4 proyectos de reforma constitucional a efectos de establecer esta institución en Chile, sin embargo hasta el momento sigue pendiente su tramitación en el Congreso Nacional. Por eso hoy y tras el historial mencionado, el proceso constituyente en desarrollo es una oportunidad histórica de establecer por fin una Defensoría del Pueblo para Chile en la nueva Constitución democrática de nuestro país.