A la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD) le ha tocado un arduo trabajo este año con proyectos de ley que han sido de difícil discusión como la ley de migración que lleva siete meses de tramitación y en el Senado todavía puede demorar dos meses más. Del mismo modo hay otras iniciativas que tramitar que son de interés para la ciudadanía.

Dentro de su apretada agenda dieciochera, conversó con Cambio21.

¿Senadora, en qué está el tema de la elección de gobernadores?
Todavía está en discusión y lo vamos a ver en sala esta semana. Lo otro es que no hay proyectos, no hay iniciativas de ley aún ni de la Cámara ni el Senado, que proponga la postergación de las elecciones de gobernadores. Creo que más bien ha estado en el debate político, en conversaciones, pero un proyecto como tal al menos al Senado no ha llegado.

El gobierno dijo claramente que prefería postergar la elección de gobernadores...
Sí, hay sectores de gobierno que están planteando eso, también creo que algunos sectores de oposición. Hay conversaciones para mirar si se posterga o no, pero bueno eso va a ser un tema muy controvertido. Yo misma firmé una carta con varios senadores regionalistas que tenemos una bancada y que nos oponemos a la postergación. Creemos que ya está la fecha fijada y seguir dando vuelta a la elección de una nueva autoridad que hay muchas esperanzas puestas en que va a ser un factor de descentralización, de desconcentración del poder desde las grandes capitales y desconcentrar el poder desde Santiago hacia las regiones, creemos que es un proceso que hay que iniciar de una vez por todas.

¿La ciudadanía tiene expectativas respecto a este proyecto?
Si. Es bien controvertido, cuando estuvo el debate del proyecto de ley a mí me pareció que la descentralización, en mi opinión, empieza con factores económicos que políticos, o sea, yo siempre pensé que había que desconcentrar la toma de decisiones que hay en materia económica a nivel central en Santiago, en los ministerios. Empezar por descentralizar, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el de Desarrollo Social, o sea, entregar realmente poder a las regiones en materias concretas de política social y económica.

 

Sin embargo, se optó por iniciar la descentralización política eligiendo a este gobernador que va a competir con el delegado presidencial. Ahí yo encuentro que hay una situación compleja también que va a tener que ir resolviéndose en la práctica. Pero ya está así la ley y tenemos que seguir en este camino. Creo que hay que elegir a los gobernadores en el plazo que se estipuló y empezar a echar a andar el proceso.

¿Usted está de acuerdo con el proyecto que permite que se levanten las inhabilidades para optar a otros cargos?
Yo estoy de acuerdo porque creo que hay una serie de cerrojos para que postulen a los cargos hombres, mujeres que tienen experiencia que han ejercido cargos importantes y que sus conocimientos, experiencias es importante que la proyecten en otros cargos de decisión. Creo que es importante que los que han sido senadores puedan pasar a ser gobernadores, que los que han sido alcaldes puedan postular a ser diputados. No veo dificultad en que estas personas puedan seguir trabajando y seguir aportando en otros cargos.

¿Respecto al proyecto sobre seguridad para proteger infraestructura crítica, que ha sido rechazado por la oposición en la Cámara, qué futuro tiene en su opinión?
Este es un proyecto que surge como una agenda durante el estallido social de octubre, a raíz del vandalismo que se desató destruyendo infraestructura pública; El Metro, paraderos de la locomoción colectiva y otros. Por cierto que son legislaciones que se requiere tener en un Estado moderno, pero depende mucho del contenido de estas propuestas y es ahí donde ha habido diferencias. Lo que tendremos que seguir analizando es desde que óptica nosotros abordamos estas situaciones y ahí, no es cuestión que la oposición no quiera tener esos instrumentos legales sino que es la diferencia de la óptica, desde el enfoque que se le da a este tipo de normativa.

El ministro del Interior Víctor Pérez estaba muy enojado porque no se aprobó y dijo que la oposición le da la mano a la violencia y a la delincuencia.
Aquí ese es el gran debate que hay que hacer y tiene que ser de una manera tranquila, responsable en relación a lo que estamos aprobando como Ley de la República. Porque, una cosa es querer tener instrumentos para combatir la delincuencia, los actos vandálicos y otra cosa es usar estos instrumentos también para una represión que nadie conoce cuál es la frontera entre una cosa y otra y también el atropello a la libre expresión de los ciudadanos.

 

Entonces, ahí está el límite como combatimos la amenaza de los atentados, el vandalismo, la delincuencia, cuál es el límite con loso derechos esenciales de las personas. Eso si no queda nítido en la legislación, sobre todo de cara a los nuevos tiempos que se viven es complejo no ponerlo sobre la mesa. Creo que mientras más nítidas sean las normas de resguardo de derechos de las personas y el combate contra el vandalismo, es lo que va a dar tranquilidad a todos los sectores. Pero, no puede el gobierno tratar de imponer una línea, un enfoque haciendo este tipo de titulares o creando una situación de alarma como que la oposición se niega al combate de la delincuencia, el vandalismo, sino que sentémonos y miremos responsablemente como se resguardan todos los bienes que tenemos efectivamente que resguardar como país.

A propósito de defensas corporativas, carabineros y hasta el gobierno reaccionaron ante la decisión de la Contraloría de presentar cargos contra siete generales por la violencia durante el estallido social. ¿Cuál es su opinión al respecto?
La Contraloría está actuando de acuerdo a las disposiciones de las facultades que tiene. A mí me parece bien que un órgano del Estado se preocupe de lo que sucedió, la forma como se desarrollaron los hechos de represión brutal que ocurrieron a partir del 18 de octubre en nuestro país.

 

Hay 23 personas que murieron, no solamente Gustavo Gatica y Fabiola Campillai perdieron la vista hay más personas que perdieron sus ojos y que hoy en medio de la pandemia no han podido recibir tratamiento empeorándose su situación. Entonces, aquí ocurrió algo muy grave en plena democracia hubo un atropello brutal contra los derechos humanos de las personas. Se ha querido como no reconocer que esto sucedió, solamente se enfatiza el vandalismo y la violencia que todos repudiamos, pero se deja muy cubierto el atropello y la vulneración a los derechos humanos que ocurrió durante esos meses y con resultados fatales, graves, con personas muertas y otras que quedaron mutiladas.

¿Y está de acuerdo con la decisión de la Contraloría?
Creo que es importante que la Contraloría, al menos, haya hecho esta investigación y esto amerita que no solo carabineros, sino que los poderes del Estado se avoquen a revisar lo que pasa en carabineros, a mirar los protocolos. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, de la que soy integrante, el año pasado nos dedicamos durante todo el tiempo del estallido social a conversar con autoridades de carabineros, generales, el general Rozas estuvo con nosotros, ministros.

 

Hubo una búsqueda de un espacio de conversación, de hacer ver esta situación junto con el Colegio Médico que desde el primer día estuvo presente con sus dirigentes mostrando lo que estaba sucediendo, mostrando a carabineros los casos, la forma como estaban operando en la represión. Y bueno, no se escuchó y creo que hay una autocomplacencia de lo que se hizo, como que está todo bien hecho y como que no aceptan ninguna observación, ni revisión de las facultades, los protocolos como están operando los carabineros en nuestro país, asi es que, en mi opinión, hay que hacer una revisión muy profunda.

Por todo lo que ha pasado se hay hablado mucho y se han hecho anuncios de que hay que hacer una reestructuración total en carabineros, pero a pesar que el gobierno tiene un proyecto de ley hace ocho meses en su escritorio no ha hecho nada. ¿Qué opina usted?
Es importante y urgente que se reestructure carabineros. Lo que hemos visto, lamentablemente en el estallido social con consecuencias tan dramáticas y la forma cómo actúa cada vez que hay una manifestación, creo que es muy urgente que se tramite una iniciativa de Ley, que se reestructure carabineros, modernice de acuerdo a los estándares nacionales, internacionales de derechos humanos. Carabineros es una fuerza de orden de seguridad, pero no por eso debe ser una fuerza que reprima, que trasgreda, que atropelle los derechos humanos esenciales de las personas. Vemos en otros países como las policías han tenido que entrar en un proceso de revisión profunda por sus procedimientos.

¿El proyecto de ley sobre migraciones ha resultado difícil en su tramitación y todavía falta mucho para que se apruebe?
Si, ha tenido una larga tramitación, lleva como siete años en el Parlamento y nosotros en el Senado nos hemos hecho cargo del último trámite en tres comisiones distintas. Ha habido todo el debate por las distintas visiones que hay entre gobierno y oposición y a la vez distintas en la oposición y oficialismo, en relación a las medidas a implementar, a definir una política de migración de hoy día con cara al siglo 21 y frente a la migración no solamente cada vez más fuerte no solo en Chile sino en el mundo entero.

 

Vemos los movimientos migratorios cada vez con más fuerza, por lo que hay actualizar una legislación que garantice una migración segura, regulada y que permita resguardar los derechos de los migrantes. Y eso no ha sido fácil conciliarlo por eso hemos avanzado muy lentamente y hoy estamos en un conjunto de 27 votaciones que fueron solicitadas separadas de 27 artículos y recién en dos sesiones muy largas llevamos cuatro artículos de votación separada. Entonces esto augura un largo debate, pero creo que a este ritmo vamos como para un mes y medio, dos meses más de tramitación a menos que logremos resolver todas estas diferencias de manera más expedita.

Acusaciones constitucionales
¿Usted está de acuerdo con la acusación constitucional en contra del ministro Pérez y también la que se hizo contra el ex ministro Mañalich?
Yo no conozco en su mérito los textos que sustentan la acusación. Hay una acusación que nos va a llegar contra la jueza Donoso que dejó en libertad al asesino de Ambar.

¿Encuentra usted que es importante que las autoridades respondan por sus actos?
Yo no soy muy partidaria de usar la acusación constitucional para cada momento como bagatilizar la figura, es facultad que tiene la Cámara de Diputados, pero hay situaciones en que amerita que la Cámara como representante del pueblo también se haga cargo de poder fiscalizar y sancionar los actos de las autoridades de gobierno y la única manera es la acusación constitucional.

 

Entonces, yo creo que todo lo que sucedió con el paro de los camioneros, es una situación con la que quedó una sensación de una forma de conducir el paro, del trato que hizo el Ministerio del Interior, del conflicto que generaron los camioneros tomándose las carreteras, es que queda la sensación que hay un doble estándar en el manejo de los conflictos y eso es lo que está buscando fiscalizar la Cámara de Diputados con esta acusación.

 

En realidad frente a la toma de las carreteras quedó en evidencia que el doble estándar político y legal porque lo que se hizo fue el dejar hacer a los camioneros. El ministro (Pérez) dijo que era una manifestación pacífica y descartando hacer lo que corresponde por Ley como debe exigirse y como se hizo anteriormente con el mismo ministro cuando recién asumió y estaban tomadas las municipalidades en el sur, ahí él exigió a los alcaldes mano dura y todo el rigor de la Ley, pero hizo vista gorda, como se dice en buen chileno, cuando personas, ciudadanos civiles fueran ellos los que desalojaran los municipios con la policía más bien resguardando a estas personas. Sin embargo, se omite todo el rigor de la Ley en otras situaciones como la toma de las carreteras por los transportistas que llevó a desabastecimiento, las ambulancias no pudieran trasladar insumos para los hospitales en una situación de pandemia. Creo que en la medida que ha habido una queja ciudadana por el doble estándar en el manejo de los conflictos, entiendo que la Cámara se ha hecho cargo de esta situación en su rol fiscalizador.

¿Qué le parece la defensa corporativa que ha hecho el poder judicial por la acusación contra la ministra Donoso que otorgó la libertad condicional al asesino de Ambar?
Creo que aquí hay una situación complicada de observar. En primer lugar los poderes del Estado debemos resguardar la autonomía, así como nosotros reclamamos autonomía cuando el gobierno instala los vetos, envía los proyectos al Tribunal Constitucional interviene directamente la autonomía que tiene el poder legislativo de tramitar las leyes y al final despecharlas con votaciones de minoría o mayoría. Se reclama porque interviene el Presidente en la libre decisión del Parlamento, lo mismo reclama hoy la jueza Chevesich que dice que el Parlamento con esta acusación constitucional está llegando al límite de la autonomía que tiene el Poder Judicial del Poder Legislativo.

Sin embargo, aquí hay una situación que, en mi opinión, que es bien central en este caso, y es que la Cámara de Diputados se está haciendo cargo, no de una acusación contra el Poder Judicial, sino contra la ministra Donoso por mandato de una situación social, ciudadana que reclama el país entero. Entonces, no se hace cargo de fiscalizar por qué jueces y juezas llegan a tomar una decisión de esta naturaleza sin tener un análisis riguroso de todos los informes, porque había un informe de Gendarmería y sobre todo con un caso tan grave con un hombre que asesina a su conviviente y al hijo de esta.

¿Y cúal será su posición?
Aquí hay una situación muy grave, es lo que creo yo, tampoco me voy a pronunciar si estoy a favor o no de la acusación, pero sí para establecer el resguardo de la autonomía de poderes aquí la Cámara de Diputados se esta haciendo cargo de un drama humano, ciudadano que es producto de una negligencia de una comisión de magistrados que tiene a su cargo analizar si amerita o no la libertad condicional de los presos. Aquí creo que hay que dar una señal muy fuerte que nunca más se puede producir una negligencia de esa naturaleza en dejar en libertad a un femicida y asesino de un niño como este hombre. Ese es el reclamo que está detrás, es mandar un mensaje fuerte a la sociedad y a los jueces, no es la institución, de que esto debe tener un cambio, un giro fuerte en la forma como los magistrados toman las decisiones en casos de connotación social tan fuerte como la que rodea al asesino de Ambar.

Hay tantos casos de mujeres desaparecidas y las familias tienen que recurrir a la televisión para lograr algo. Todo se juntó con el caso de Ambar que se visibilizó y surgió esta protesta nacional. ¿Qué le parece a usted?
Hay tantas personas desaparecidas, fundamentalmente mujeres también jóvenes que nadie los busca nunca más. Hay como una actitud de displicencia al asesinato de mujeres, jóvenes, niños y niñas y creo que hay que hacer un cambio muy fuerte en la cultura, en las mentalidades de las personas que están operando justicia, los que estamos legislando, gobernando, porque esa realidad hay que verla y hay que ser coherente con la legislación que hemos ido también desarrollando y avanzando. Hay leyes de femicidio, contra asesinato de niños, hay mayor defensoría de la infancia, entonces hay que tener un mayor resguardo que, junto con las leyes, las normas, vayan cambiando las mentalidades de quienes operan y aplican la Ley.