A través de un documento de dos hojas, el Presidente Gabriel Boric respondió las consultadas emanadas desde la comisión investigadora por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

En el escrito, el Mandatario destaca que si bien la Constitución lo exime de comparecer ante dichas instancias de la Cámara de Diputados, lo hace para “complementar brevemente lo planteado por las autoridades de gobierno y los demás funcionarios que han comparecido ante su comisión, en cuyas presentaciones, ya respondieron muchas de las preguntas que se me formulan y que son de interés de esta instancia”.

Entre esas autoridades están el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; la directora de Presupuestos; la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; el director de la Secretaría de Comunicaciones; la jefa de la División Jurídico-Legislativa; el jefe de la División de Bienes Nacionales; la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana; entre otros asesores y funcionarios.

Así, en su respuesta el Jefe de Estado asegura que “la colaboración del gobierno ha sido total” y recalca que espera que el escrito “también les sea de ayuda”.

“Como he señalado públicamente, tengo la convicción, hasta el día de hoy, de que las casas de los expresidentes Aylwin y Allende deben ser patrimonio público. Esta voluntad de rescate de la memoria histórica y de conservación patrimonial estuvo en la base de esta iniciativa”, dice.

Y luego remarca: “Dada la naturaleza de mi función, mi rol en el proceso de adquisición de la casa del Presidente Salvador Allende fue acotado y se redujo a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra, respecto del cual, como es sabido, la Contraloría General de la República tomó razón”.

Asimismo, apunta. “Quiero señalar que no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa. Posteriormente, apenas se me informó de las consecuencias que podría tener la adquisición, instruí que se examinara a fondo la situación y que se detuviera el proceso, tal como se informó a la opinión pública el pasado 3 de enero del presente año”.

Boric, además, destaca que, respecto a las responsabilidades de lo sucedido, hizo valer la responsabilidad política “de la ministra de Estado de cuya cartera dependía la ejecución de esta tarea, hay un sumario administrativo en curso para establecer otras responsabilidades y, como informó el ministro Figueroa ante esta Comisión, se ordenó elaborar un manual de adquisición en el Ministerio de Bienes Nacionales para perfeccionar este tipo de procedimientos en el futuro”.

“Es parte del compromiso de este gobierno contribuir a que las instituciones funcionen bien, promover la transparencia para enfrentar las dificultades y ser proactivos en mejorar los procesos ya existentes. Por ello, y tal como lo señalé al inicio, nuestro gobierno ha colaborado activamente con esta Comisión y con la investigación que dirige el Ministerio Público, y ha ejecutado con celeridad las medidas que corresponden cuando este tipo de situaciones ocurren”, cierra el texto.