Presidente Gabriel Boric decidió indultar este viernes a 11 personas, 10 de ellos presos condenados por delitos vinculados al estallido social y un exfrentista, quienes habían realizado las solicitudes formales con ese fin.

Según confirmó la Presidencia de la República, los beneficiados son Juan Bastián Olguín Rivera (31 años), Jordano Santander Riquelme (38 años), Felipe Santana Torres (22), Cristián Cayupán Queupil (30), Francisco Hernández Riquelme (23), Bastián Campos Gaete (22), Luis Castillo Opazo (37), Sebastián Montenegro Coo (25), Claudio Romero Domínguez (21) y Brandon Rojas Cornejo (22), quienes cumplían condenas por hechos cometidos en el marco del estallido.

Se suma a ellos Jorge Mateluna Rojas (48), exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quien, sin embargo, estaba en la cárcel por un hecho ajeno a las acciones de la otrora organización guerrillera.

En 2014 fue condenado a 16 años de prisión por el robo a una sucursal del Banco Santander, en Pudahuel, ocurrido en 2013, asalto en el que fueron utilizados elementos como granadas y fusiles de guerra. Un delito que él ha sostenido que no cometió: de hecho, un carabinero estuvo imputado por falsificiación pruebas, pero en 2019 el Ministerio Públicó resolvió no seguir investigando.

Una década antes, purgaba una pena de 12 años por su participación en el FPMR, pero en 2004 se acogió a la Ley de Indulto para exsubversivos a cambio de renunciar al uso de la violencia.

En los últimos días desde el Gobierno habían evitado dar luces sobre si el Mandatario iba a otorgar indultos, pero remarcaban que corresponde a una atribución exclusiva de éste.

Momento antes, tras el último Consejo de Gabinete del año, la ministra del Interior, Carolina Tohá, lamentaba que la oposición condicionara su permanencia en la mesa que busca un acuerdo por la seguridad ciudadana al tema de los indultos.

"Nos parece claro que en este esfuerzo por construir un compromiso transversal en seguridad, en el que hay un avance más que sustantivo en materias relevantes y sensibles para la población, sería muy injusto que la oposición considerara que una manera de castigar al Gobierno es restarse de ese acuerdo, porque los principales castigados serían los ciudadanos y las ciudadanas", dijo.

"Por cierto, las decisiones que el Presidente tome en la materia (indultos) pueden dar lugar a distintas opiniones, evaluaciones y críticas, pero no castiguemos a los ciudadanos", pidió la jefa de gabinete. El asunto de los indultos es un "debate político legítimo, pero no hay que confundirlo con la posibilidad de avanzar en esta demanda tan sentida que es la de construir seguridad".

En ese sentido, llamó a las fuerzas políticas a "salir de la trinchera e ir por las soluciones".