Ayer explicaron desde Gendarmería, y hoy fue el turno del Ministerio de Justicia. El secretario de Estado, Hernán Larraín, afirmó que los tribunales le otorgaron los permisos de salida al condenado por violación y homicidio de un niño de 13 años.

En septiembre, la madre de un niño violado y asesinado en Parral en el 2000, se encontró en la calle, con su primo y el autor de los delitos, Héctor Riveros Retamal, quien actualmente cumple las penas de presidio perpetuo y de 15 años de cárcel, en el Centro de Estudio y Trabajo semiabierto de Talca.

Por este motivo, la Fundación Amparo y Justicia, presentó un recurso de protección contra Gendarmería.

Sin embargo, ayer desde la institución explicaron que si bien ellos le otorgaron beneficios intrapenitenciarios, cuando el condenado postuló a la libertad condicional y fue rechazado, le retiraron los permisos y después por vía judicial -mediante un recurso de amparo- la Corte de Apelaciones de Talca y posteriormente la Corte Suprema lo dejaron salir los fin de semana.

Ahora, el ministro de Justicia Hernán Larraín, en esa misma línea, responsabilizó a los tribunales y adelantó que presentarán un proyecto de ley para crear la figura de un juez de ejecución de penas.

Y justamente respondió el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. El ministro afirmó de que todos responsabilizan a los tribunales por las cosas malas que pasan y que la culpa va más allá. Eso sí, evidenció que hay que avanzar en juez de ejecución de penas.

La abogada penalista de la PUC, María Elena Santibañez, recalcó en la importancia de crear tribunales de ejecución de penas, porque actualmente hay falencias en el sistema.

Con todo, ahora la Fundación Amparo y Justicia está a la espera de que la Corte de Apelaciones de Talca revise el recurso de protección interpuesto.