El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, realizó una dura crítica al acuerdo de reajuste salarial alcanzado entre el Gobierno y los gremios del sector público, calificándolo como un caso de “corrupción institucionalizada”. El dirigente apuntó especialmente a una cláusula que, según afirmó, busca impedir que una futura administración pueda realizar cambios en el aparato estatal.

Ramírez sostuvo que el concepto de “amarre” resulta insuficiente para describir el alcance de la medida. En ese sentido, explicó que la disposición busca restringir la facultad del próximo gobierno para designar personas en cargos estratégicos, con el objetivo de mantener a funcionarios cercanos al actual oficialismo.

El timonel gremialista enfatizó que la cláusula no se limita a los 2.700 cargos de exclusiva confianza presidencial, sino que tendría un impacto mucho mayor. “Estamos hablando de 350.000 cargos que quedarían amarrados”, afirmó, cuestionando directamente la intención del Ejecutivo al incorporar esta norma en el acuerdo.

Las declaraciones se dan en medio del rechazo transversal de la oposición al acuerdo de reajuste salarial, que contempla un incremento total de 3,4%, distribuido entre 2025 y 2026. Si bien el porcentaje del aumento no ha sido el foco principal de las críticas, sí lo ha sido la cláusula que establece nuevas exigencias para la no renovación de contratas.

Dicha disposición exige que las decisiones estén debidamente fundamentadas en hechos y derecho, con notificación previa y revisión de la Contraloría, además de permitir reclamaciones por vicios de legalidad. Para Ramírez, la norma es además inconstitucional, recordando que el Tribunal Constitucional ha cuestionado reiteradamente este tipo de prácticas. “Es una ley de reajuste y le meten de contrabando un artículo que no tiene nada que ver con el reajuste”, concluyó.