El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, criticó duramente la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto “Egaña – Comunidad Sustentable” de la constructora Fundamenta, cuyos trabajadores ya se habían manifestado en contra de la medida.

Cabe recordar que la protesta realizada en el sector de Plaza Egaña el pasado 8 de abril, surgió luego de que el Consejo de Evaluación Ambiental decidiese la suspensión de la obra, lo que implicaba entonces dejar sin su fuente laboral a centenares de trabajadores.El proyecto en cuestión contempla la construcción de cuatro torres: una para oficinas y las otras tres para 1.828 departamentos y un espacio comercial. Todo en un terreno de 15 mil m² y a través de una inversión de US$ 300 millones.

El líder de la multigremial calificó la determinación de “incorrecta, arbitraria, que pasa por encima del Estado de Derecho, y la consecuencia que trae es nefasta: no solo los trabajadores pierden su trabajo, sino que la inmobiliaria y la constructora pueden quebrar”.

“Esto significa un quiebre en el Estado de Derecho, porque esta empresa tuvo una autorización ambiental, fruto de un proceso que lo cumplió correctamente. También tuvo los permisos sectoriales de las autoridades administrativas e inicia las obras y, con un tercio del avance, arbitrariamente, le paralizan las obras. Eso es gravísimo”, estimó el empresario.

En ese sentido, Sutil afirmó: “La incerteza jurídica lleva a que paralicen las obras por cualquier acto y no solo eso, sino que pone en riesgo el trabajo de quienes están allí trabajando. Pone en riesgo también a quienes están invirtiendo y cualquier actividad económica, porque en el futuro en cualquier otra comuna, como las que mencioné o en cualquier otra actividad productiva, puede pasar lo mismo. Eso es lo que destruye la estabilidad del país y la forma de relacionarnos. Encuentro que es casi volver a la Unidad Popular”.

Ante las declaraciones de alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Rios, que habló de una presunta “masacre inmobiliaria”, el timonel de la CPC prefirió desmarcarse de las mismas, indicando que “ese lenguaje sólo separa y destruye, y es incorrecto”.

“Aquí hay que pensar que si una autoridad considera que es incorrecto el tipo de desarrollo que tiene una ciudad, tiene todo el derecho a poderlo plantear y corregir, en la medida de que hayan mayorías para aquello, pero para lo que no tiene derecho es que ante un hecho administrativo arbitrario, suspenda una obra o dificulte la recepción de un proyecto que tiene todos sus permisos vigentes”, sentenció.