El gobierno de Gabriel Boric ha visado 296 pensiones de gracia para víctimas del estallido social.

Las ayudas económicas serán otorgadas a personas que hayan denunciado haber sufrido menoscabo laboral tras la revuelta de 2019.

Los dineros de reparación van entre los 180 y 257 mil pesos mensuales, dependiendo de la categorización de la víctima (persona con lesiones graves o lesiones gravísimas) según lo indicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que “hemos tenido una especial preocupación en este aspecto. Desde el Departamento de Acción Social hemos mantenido una relación con los representantes de las víctimas para acelerar el proceso de reparación que, a nuestro juicio, no tiene sólo que ver con la entrega de pensiones, que hasta ahora eran de un menor valor, sino que debía ser una preocupación y atención mucho más integral”. 

“Y precisamente por eso este Gobierno decidió abrir un proceso de reparación integral que lleva adelante la subsecretaría de Derechos Humanos”, agregó.

Por su parte, la directora del INDH, Consuelo Contreras, mencionó que es una “política que no cumple con estándares de integralidad, proporcionalidad y universalidad”..

“Uno de los factores que el INDH considera crítico, es que para la acreditación de las víctimas y para el otorgamiento de las pensiones, la glosa 12 - ahora glosa 15 de 2022 - requiere que la violación a los derechos humanos debe haber generado un menoscabo laboral en las víctimas, lo que en muchos casos no pudo ser demostrado por ellas, perjudicándolas en su acceso a medidas de reparación”, explicó Contreras.