La exseremi Patricia Hidalgo (PPD) en la foto, ingresó la querella donde acusa haber sido objeto de “instrucciones ilegales” por parte de actuales autoridades de gobierno durante la evaluación de diferentes proyectos.

Si bien la acción judicial se dirige en contra de todos quienes resulten responsables por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo agravado y soborno, la profesional asegura en el escrito que se vio afectada por situaciones irregulares que tendrían como protagonista a la ministra del Interior, Carolina Tohá; a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales; a la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez; al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

De acuerdo con su versión de lo ocurrido, en su rol como seremi participó en la evaluación ambiental de varios proyectos, y en alguno de ellos presenció -dice- “ilegalidades e irregularidades administrativas, en que existió una intromisión indebida en las facultades de los servicios que forman parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, con el objeto de favorecer la aprobación o rechazo de determinados proyectos, fuera del marco legal, por parte de los niveles centrales de algunos ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Medio Ambiente, así como del nivel regional, específicamente de la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez Gil, y su jefe de gabinete, Miguel Concha”.

Al argumentar lo anterior, hace presente que con fecha 10 de abril de 2022 se creó un grupo de WhatsApp denominado “Comisión Ambiental” por el jefe de gabinete de la delegada presidencial, “con el propósito de coordinar la acción de dicho órgano ambiental, pero que en los hechos fue más allá de la coordinación y se utilizó para aprobar o rechazar ilegalmente proyectos sujetos a evaluación ambiental ante dicho órgano, hechos que pueden ser constitutivos de delito”.

Los hechos en cuestión ya los había puesto en conocimiento del Ministerio Público a través de una denuncia ingresada en la Fiscalía Centro Norte, y además los había expuesto públicamente tras su salida de Desarrollo Social.

Según se detalla en la querella, Hidalgo asegura haber sido objeto de instrucciones irregulares de parte de la titular de Interior, “a través de otros funcionarios, para aprobar el Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., lo que fue comunicado por celular y WhatsApp de la subsecretaria Francisca Perales”.

Sostiene que, en ese entonces, le indicaron que “no podía excusarme de asistir y votar en la Comisión de Evaluación por órdenes de la ministra del Interior”. Agrega, en el mismo sentido, que ante su negativa de concurrir, la misma Perales le habría indicado que “la instrucción es asistir para aprobar el proyecto”.

Por lo mismo, pide que se indaguen las relaciones administrativas, políticas o de otra orden que puedan existir entre Tohá y la citada empresa sanitaria, sus propietarios, directores o gerentes.

Enumeró, igualmente, que existieron “instrucciones ilegales” a su persona de parte de la subsecretaria Perales, “para aprobar o rechazar diversos proyectos sujetos a evaluación ambiental”.

También, señala que enfrentó las mismas situaciones de mano de la delegada Constanza Martínez, y por parte del ministro Giorgio Jackson, “motivado por mi oposición a las intervenciones e instrucciones ilegales que se impartían desde el nivel central del ministerio, específicamente de la Subsecretaría de Servicios Sociales”.

Si bien en medio de su desvinculación el ministro Jackson le habría señalado a Hidalgo que esta se fundaba en su “mala evaluación”, como se indica en la misma querella, la profesional expone que, a su juicio, está directamente relacionada a su oposición a ciertas conductas.

“El ministro Giorgio Jackson, en mi opinión, con su actuación avaló estas malas prácticas y actuaciones irregulares y delictivas, y los motivos de ello deben ser investigados. Asimismo, la solicitud de renuncia corresponde a una represalia por mi negativa a acatar las instrucciones ilegales que se impartían por la Subsecretaría de Servicios Sociales y la delegada presidencial RM”, detalla la exfuncionaria.

Hidalgo cuestiona, de la misma forma, la “intromisión” de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, “en los procedimientos y calificación ambiental de proyectos de la Comisión Ambiental de la Región Metropolitana, mediante el apoyo del abogado Sebastián Aylwin Correa, de la Oficina de Evaluación Ambiental” de la cartera.

Por todo lo anterior, solicita se ordenen diligencias a la PDI y se tome declaración a las autoridades individualizadas.