Innumerables proyectos relacionados con las AFP han presentado tanto senadores como diputados en el Congreso, con el principal objetivo de cambiar el sistema de capitalización individual que fue creado en la época de la dictadura en los 80 por el ingeniero comercial y ministro del Trabajo de Pinochet, José Piñera, hermano del Presidente de la República. A casi 40 años ha quedado claramente en evidencia que el sistema no cumplió con la promesa de que cada trabajador al jubilarse recibiría entre un 70 a un  100% de su sueldo como pensión. Muy por el contrario, las jubilaciones son miserables; un 70% recibe una pensión menor a $270.

 

Y lo que es peor, los pensionados siempre pierden grandes sumas de sus dineros ahorrados, no importa en el fondo que estén, como ocurre a propósito de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los dueños de las AFP jamás pierden y por el contrario, año tras año han logrado jugosas utilidades, las que ahora, en medio de la crisis sanitaria que afecta a los chilenos, ellos ya anunciaron que se repartirán las del año 2019. Fueron US$649 millones los que ganaron el año pasado, según reportó la industria a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esto significa un alza de 60% respecto al año anterior.

 

Empero, la pandemia del coronavirus ha obligado a los legisladores a cambiar, por ahora,  el rumbo de sus peticiones ya que es urgente que los pensionados cuenten con liquidez para poder asumir sus gastos básicos. Muchos jubilados, que por obligación se veían en la necesidad de trabajar han tenido que abandonar  sus puestos obligados por las circunstancias, ya que el covid-19 a quienes ataca con mayor fuerza es las personas de la tercera y cuartaedad, por lo que su presupuesto mensual queda aún más reducido

 

Es así como cinco senadores de oposición presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto 3.500 de 1980 por el cual se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, lo que seguramente abrirá la discusión sobre su constitucionalidad. Los senadores patrocinantes del texto de 13 artículos son los independientes Alejandro Navarro (PRO) y Carlos Bianchi; y Alfonso De Urresti (PS), Yasna Provoste (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD).

Además de derogar el decreto 3.500, se propone nacionalizar los fondos de pensiones, y en vez de las AFP se busca una nueva institucionalidad como la creación del Instituto de Seguridad Social, que también abarque la Superintendencia de Pensiones, el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral. Además, se establece un sistema de pensiones básicas solidarias y una pensión básica universal.

 

“Abrir este debate es urgente y necesario. Nada preocupa más a los chilenos, particularmente a sus trabajadores, que la pérdida de sus fondos de pensiones y estamos disponibles también para abrir el debate sobre el retiro anticipado de una fracción de los fondos, para poder enfrentar esta crisis económica. Esperamos que el gobierno entienda”, precisó el senador Navarro, quien impulsa la iniciativa.

 

Obviamente, los parlamentarios manifestaron que estaban conscientes de que la iniciativa podía ser declarada inadmisible como finalmente ocurrió, pero señalaron que igual decidieron insistir.

El senador Navarro dijo que “nuestros adultos mayores y pensionados ya están empezando a vivir el drama que significa la pandemia del covid-19 y no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar el invierno, que será el peak del coronavirus. Por ello hemos presentado un proyecto de ley para permitir sacar de sus fondos de pensiones ayuda importante en momentos como este”

 

 “De qué sirve tener ahorro previsional, haber trabajado toda tu vida, si no se va a salir con vida de esta crisis. Yo espero que el Ejecutivo tome nuestros planteamientos, patrocine nuestro proyecto o por el contrario, le proponga al Congreso y al país, una fórmula que permita a nuestros adultos mayores retirar recursos líquidos de sus fondos de pensiones”

Acumulan ganancias y reparten utilidades

En tanto, el senador socialista, Alfonso De Urresti,  manifestó que “ha quedado claro con esta crisis que el sistema de AFP es un fracaso. Mientras estos ahorros se pierden, vemos cómo los controladores de las AFP no sufren daño alguno en su patrimonio, siguen acumulando ganancias y anuncian cuantiosos retiros de utilidades en medio de esta dramática crisis”

 

En la misma línea, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre  que “lo que estamos proponiendo es crear un verdadero sistema de seguridad social en Chile que fiscalice que las platas se utilicen para pagar pensiones decentes a los trabajadores, no para especular en las bolsas de comercio ni en otro tipo de gastos”.

Para la inadmisibilidad, de este proyecto como para otros, el gobierno adujo el artículo 65 número 6 de la Constitución Política, que menciona que es el Presidente de la República a quien le corresponde en exclusiva “establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado. El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República”

 

El senador Navarro manifestó que “ahora esperamos que el Ejecutivo proponga una fórmula para que nuestros adultos mayores puedan retirar sus recursos. Ya llegará el momento de volver a la discusión sobre el sistema de pensiones, pero ahora, ante la emergencia, lo importante es legislar para que ellos puedan contar con recursos para enfrentar esta crisis”

Diputados Regionalistas con proyecto propio  

 

Los diputados de la Bancada Regionalista e Independientes, Alejandra Sepúlveda (FRVS), Jaime Mulet (FRVS), Esteban Velásquez (FRVS) y René Alinco (IND), insistieron en su intención de permitir que los afiliados a las AFP puedan retirar un monto mensual de sus fondos previsionales, para lo cual presentaron  un proyecto de reforma constitucional, que según indicaron “sería solo mientras dure la crisis sanitaria por  covid-19, y sin afectar sus jubilaciones futuras”

Es decir, siguiendo la línea del proyecto que presentaron hace un par de semanas, y que fue declarado inadmisible primero por la mesa de la Cámara y luego por mayoría del voto de la derecha, esta reforma constitucional plantea la posibilidad de retirar un máximo de 150 UF, que serían entregadas de manera mensual en el plazo de 5 meses, prorrogables si así la autoridad lo decide, y devueltos por el Estado al momento de jubilar, “dándole tiempo a las arcas fiscales para recuperarse, pero poder responder ahora que es cuando más se necesita, y con dinero de los propios cotizantes”

 

“Insistimos ahora con esta reforma constitucional, porque creemos firmemente que el Gobierno no está dando el ancho en cómo resolver los problemas de las personas y fundamentalmente de la liquidez que tiene que tener la familia", precisó la diputada Alejandra Sepúlveda. (Ver entrevista )

Sepúlveda insistió en que “lo que aquí se pretende es retirar un monto determinado, un monto claro y sin dejar los fondos en cero ni mucho menos afectando las pensiones de los cotizantes que decidan retirar, como ha repetido majaderamente el ministro Briones y la autoridad quienes parecen están más preocupados de proteger a las AFP que realmente a las familias que hoy lo están pasando mal porque se quedaron sin trabajo o han visto sus remuneraciones disminuidas"

 

El diputado Jaime Mulet puntualizó que  “queremos ser muy claros y responsables: nuestro proyecto de ley permite que se retiren en cuotas hasta en 5 meses un máximo de 150 UF, aproximadamente 4.300.000 pesos, monto que al momento de pensionarse deben ser restituidos por el Estado, a través de un bono de reconocimiento, debidamente reajustado y con intereses. De esta manera no pierde los recursos ni se les achica la jubilación. Ese es el concepto a la base de este relevante y factible proyecto de ley”

 

La oposición insiste en presionar al gobierno de Piñera para que entienda que los pensionados tienen derecho a acceder a sus fondos ahorrados durante toda su vida en las AFP, en el marco de la actual crisis sanitaria.  A través de una carta intentan convencerlo  de que existen soluciones de emergencia para que las familias puedan enfrentar efectos de la crisis.

Los senadores reiteran la posibilidad de retirar hasta un 10% de los fondos de las AFP, lo que ayudará a reactivar la demanda interna; asimismo, proponen la creación de un “Bono de Reconocimiento”, que no exceda los $2 millones para la población más vulnerable; y además ponen sobre la mesa la alternativa de un “autopréstamo” de los fondos de pensiones, que no exceda el 10% del saldo de la Cuenta de Capitalización Individual.

 

En la misiva dirigida al mandatario plantean: “No podemos permitir que la ciudadanía enfrente este período con carencias tales como la cesantía, el hambre y razonables cuidados médicos, especialmente si dispone de ahorros propios para enfrentar el resto de su vida. Acceder hoy a una parte de dichos fondos hará la diferencia en el caso de la actual urgencia sanitaria, tal y como ha sido decretado por su Gobierno”

La  presentación cuenta con la firma de al menos tres jefes de comité como Guido Girardi del PPD, el independiente Carlos Bianchi y la senadora DC Ximena Rincón- además de otros parlamentarios como el socialista Alfonso de Urresti, la PPD Ximena Ordenes y el independiente Pedro Araya.

 

Los senadores exponen cifras bastante decidoras como argumento en este caso. “Al término del año 2019 los Fondos de Pensiones ascendían a US$219 mil millones, pero el avance del covid-19 y la volatilidad financiera producto de incertidumbre instalada en el seno de los mercados financieros, en marzo de 2020, los Fondos reportaban una pérdida patrimonial de US$ 57.544 millones (…) Esta pérdida de parte significativa de los Fondos de Pensiones, afecta a los más de 750.000 ciudadanos pensionados en AFP y a 376.065 personas en condición de cesantía que se les restringe la jubilación anticipada”

 

Agregan: “cuál es el sentido y con qué argumento se valida que es preferible que se pierdan US$ 56.000 millones en 5 meses en el mercado financiero y que no se permita inyectar cerca de US$17.000 millones en la economía nacional”

A juicio de los parlamentarios, “esta cantidad inyectaría liquidez a nuestra alicaída economía, estimularía el consumo y la demanda interna, vital para que las empresas puedan recuperar sus ventas derrumbadas, además de tener una tasa de retorno a las arcas fiscales por concepto de IVA”.

 

 

Asimismo sostienen que las pensiones pueden ser incrementadas en 50% al eliminar las tablas de mortalidad, recalcular la Tasa de Interés Técnico para el Retiro Programado y eliminar el Factor de Ajuste, señalando que con esta medida “podríamos reactivar aproximadamente un 0,35% el PIB, además, si existe un potencial de 250.000 cesantes que podrían acceder a una jubilación anticipada, se incorporaría un flujo anual de U$ 705 millones de dólares de incremento en el consumo”

 

Para la población más vulnerable, proponen la creación de un “Bono de Reconocimiento”, el que no exceda los $2 millones, que “se sustenta en el hecho de la incapacidad del Estado de entregar, hoy, la solvencia económica necesaria a las familias de nuestro país para enfrentar este duro y difícil período”.

Como cuarta medida plantean como alternativa a la reposición de los fondos retirados, la creación de un “Autopréstamo” de los Fondos de Pensiones, que no exceda el 10% del saldo de la Cuenta de Capitalización Individual.

“Este “Autopréstamo” será financiado durante el período restante para el cumplimiento de la edad legal y tendrá una tasa de UF+4%. Tendrá una tasa de interés del 0%, y sólo sujeto a la variación de la UF” explican.

 

La diputada Camila Vallejo ingresó un proyecto para declarar de interés nacional el patrimonio de AFP. La diputada afirmó que es el primer paso para iniciar el proceso de nacionalización del sistema de pensiones, "para que el Estado pueda disponer de las utilidades de estas empresas y destinarlas para fines colectivos"

En tanto la también diputada Karol Cariola presentó un proyecto de ley que buscan que los efectos económicos del COVID 19 sean solventados por las AFP y no por los trabajadores: crea un fondo solidario con las utilidades de las AFP para que puedan ser retirados por los cotizantes durante la emergencia.

 

En términos específicos, el proyecto de Cariola crea el Fondo Solidario de Contingencia Previsional, que será administrado por un Consejo Ciudadano de Administración y cuyos recursos se destinarán a mitigar las pérdidas actuales o las que se proyecten por la disminución de rentabilidad de los Fondos de Pensiones de los afiliados.

La diputada detalló que los efectos de la crisis se deben costear “a partir de un fondo solidario común, que tiene que ser de las AFP desde sus utilidades mensuales, desde las comisiones que pagan los afiliados y las utilidades netas. Con todo eso se podría crear un fondo solidario de contingencia, desde las ganancias privadas para beneficiar a una parte importante de la población que es quien paga estas utilidades de las AFP”.

 

En cuanto a la nacionalización de las administradoras la diputada Camila Vallejo expuso que “hay una razón de fuerza mayor de nuestro país por considerar aquellas AFP de interés nacional y poder hacerse de la administración de estos fondos de pensiones, manteniendo el carácter privado de los fondos de los trabajadores y trabajadoras, pero no así el de las AFP”.

 “Si las AFP son de interés nacional, entonces son de interés del pueblo de Chile y el pueblo de Chile puede determinar qué hacer con aquella administración de aquella riqueza que es importante para nuestro país”, detalló la diputada Vallejo.

 

El diputado de la bancada PPD, Raúl Soto, señaló que “valoramos que sea una propuesta que sea un costo para la empresa privada, en este caso a las utilidades y comisiones que reciben las AFP y no sea un costo para los trabajadores”

“También valoramos la declaratoria de interés nacional como un primer paso para restituir la seguridad social en nuestro país que la perdimos en el año 80 y no hemos sido capaces de restituirla”, agregó Soto.

El diputado Manuel Monsalve (PS) detalló que “muchos chilenos se preguntan cómo tener liquidez e ingresos para mantener a sus familias y ven una posibilidad en sus fondos de pensiones. Nos parece que es una posibilidad en la medida que el costo no lo paguen los trabajadores y esa es la importancia del proyecto de la diputada Cariola”.

 

El gerente general de la Administradora de Fondos de Pensiones, Fernando Larraín, señaló que "creemos que la propuesta de retirar fondos se contradice con la necesidad urgente de aumentar las pensiones".

"El retiro de fondos parciales, tal como lo han señalado los expertos, la justicia y también los legisladores, no es la forma adecuada para hacer frente a la crisis que vivimos hoy día derivada del coronavirus ni a ninguna otra", agregó Larraín.

Asimismo, añadió que "creemos que no es adecuado que con los ahorros previsionales de los trabajadores se cubran las consecuencias de esta crisis".