El «Mamo» Contreras, quien esos años de poder absoluto llegó a crear incluso el Plan Cóndor, la coordinación represiva del Cono Sur, disponía de hombres leales en todas las estructuras del Poder Judicial.

De hecho, llevaba años dando instrucciones a los ministros de Justicia y escribiendo advertencias a los miembros de la Corte Suprema. También a cancilleres y jefes de prisiones. Él sabía que un poder de esa naturaleza no desaparecería de un día para otro.

Toda la trama está contenida en un reportaje en profundidad publicado por radio Bío Bío cuyo autor es el periodista especializado en investigación del tema Mauricio Weibel.

La crónica, en parte, relata que a Contreras nada le hizo pensar en esos instantes finales como jefe de la DINA que sus secretos serían encontrados décadas después en anaqueles olvidados del Estado. Que los vestigios de su intervención en el Poder Judicial asomarían cuando de él sólo quedaran cenizas y condenas inconclusas por crímenes de lesa humanidad.

Que su pretendida limpieza ideológica del Poder Judicial quedaría registrada en cientos de oficios y documentos encontrados por Corresponsal, décadas después.

Lo cierto, a la luz de los documentos revisados, es que la persecución contra funcionarios sospechosos de ser leales al presidente Salvador Allende (1973-1990) comenzó a ejecutarse incluso antes de que el coronel Contreras iniciara sus operaciones para coptar el Poder Judicial, entre 1974 y 1977.

Uno de los primeros actos de esta naturaleza ocurrió el 25 de octubre de 1973, cuando el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, Lionel Beraud, se sentó en su escritorio y revisó la resolución redactada por el ministro Antonio Castro contra la secretaria del Juzgado de Yungay, Luz Matus Pincheira.

«Daba trato de “compañeros” a los dirigentes marxistas de la empresa Maderas y Prensados Cholguán», leyó el magistrado, entre las acusaciones de aquel sumario administrativo zanjado pocas semanas después del golpe de Estado.

El dictamen, que fue enviado al Ministerio de Justicia como parte de la coordinación represiva, enumeró otra serie de rumores, para justificar la remoción de la funcionaria.

El alcalde de Yungay, Sergio Benavente, aseguró ante la Justicia que «personas responsables, que merecen fe, dicen que Luz Matus sería militante del Partido Socialista». La abogada María Eliana Loyola agregó que la vida íntima de la secretaria judicial «no estaba en concordancia con el decoro». El juez Hugo Sandoval disparó que su subalterna creía que el país caería en una dictadura.

La funcionaria, conminada a confesar sus ideas políticas, lloró y admitió que era simpatizante del derrocado presidente Salvador Allende. También relató que estaba desesperada, porque no tenía noticias de sus familiares, desde el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado. «Somos todos de izquierda», dijo.

En Santiago, mientras el Ministerio de Salud coordinaba el retiro de cadáveres desde las calles, el Ministerio de Justicia comenzó a trabajar por primera vez en la redacción de una ley de Amnistía (ver documento), bajo la tutela del general Herman Brady, uno de los cabecillas de la asonada cívico militar, y el único oficial que se atrevía a tutear a Pinochet esos años.

La idea, desde un inicio, fue disponer de leyes y una judicatura que facilitaran la represión. Por el eso, se comenzó a trabajar en el Ministerio de Justicia en la selección de personal para las distintas estructuras del Poder Judicial.

En paralelo, el general Augusto Pinochet decidió articular un cuerpo de asesores castrenses que le ayudara a desplegar políticas públicas en todos los ambitos de acción del Estado, pero con un marcada preocupación por la seguridad interna y la batalla geopolítica exterior (ver documento).

Todo —empero— comenzó a desbocarse en los pasillos de los tribunales en 1974, cuando el coronel Manuel Contreras abandonó el campo de torturas de Santo Domingo, para convertirse en el oficial que lideró un millar de asesinatos y desapariciones dentro y fuera de Chile, desde las oficinas de la temida Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA.