Un grupo de diputados de Renovación Nacional y Evópoli presentó una contrapropuesta a la anunciada por sus pares de la UDI en materia de "defensa de los Derechos Humanos" de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden de Seguridad y también Gendarmería.

La iniciativa gremialista buscar reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) con el fin de que éste también "vele" por los "derechos fundamentales de los uniformados", algo que a su juicio no ocurre ya que solo se pronuncia "a favor de las minorías u otros grupos", pero no "de la violencia que sufren nuestros uniformados".

La idea de la UDI es añadir al consejo actual tres representantes más, de Carabineros, la PDI y Gendarmería. Ante eso, y no concordando con ese proyecto, los diputados de Renovación Nacional proponen crear una Defensoría de las Policías (Carabineros, Gendarmes y PDI), propuesta que ya le hicieron llegar al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

A juicio de los parlamentarios de RN, debe ser un organismo aparte del INDH, autónomo o al alero del Ministerio de Justicia o del Interior, el "que se dedique al apoyo jurídico, psicológico y a la promoción de los Derechos Humanos" de estos uniformados.

"No me parece que la propuesta de la UDI vaya en el camino correcto. Por eso, junto a los diputados Andrés Molina, Miguel Mellado y Cristóbal Urruticoechea creemos que hay que crear organismo especializado que sirva de contrapeso y que se haga cargo integralmente de la realidad de las policías", explicó el diputado Diego Schalper (RN).

Respecto a lo legal, el proyecto propone que exista "personal especializado en la defensa de carabineros, gendarmes y policías ante lesiones de sus derechos humanos por parte de terceros en el ejercicios de sus funciones". Además de personal que ayude las familias cuando un uniformado fallezca.

Asimismo se busca contar con trabajadores que ayude al personal de estas instituciones ante "eventos traumáticos en el desempeño de sus funciones". Por último dicen que quieren "contar un presupuesto para el desarrollo de campañas de difusión de los Derechos Humanos" que tienen estos funcionarios.