El Gobierno de Kast, pretende presentar la  iniciativa sobre la reforma de Seguridad y que será ingresada al Congreso en los próximos días y que ya genera diferencias tanto dentro del oficialismo como al interior del Ejecutivo.

El proyecto busca modificar distintas normas constitucionales relacionadas con seguridad y crimen organizado. Sin embargo, un borrador conocido durante los últimos días provocó cuestionamientos por algunas de sus propuestas, entre ellas una que plantea restringir por 15 años determinadas prestaciones del Estado a personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o microtráfico.

Uno de los principales reparos surgió desde el senador independiente Matías Walker, quien aseguró que no respaldará la iniciativa si mantiene dicha disposición.

“No es necesario, y es contrario a la esencia misma de los derechos humanos, privarle a las personas que hoy día están en los recintos penitenciarios su derecho a la salud, incluso 15 años después de haber cumplido una condena. Es una locura que claramente no va a contar con mi voto”, afirmó.

La propuesta también abrió una disputa dentro del oficialismo. El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que, bajo las condiciones actuales, su partido no podría respaldar las modificaciones constitucionales.

“En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, expuso a La Tercera.

“La discusión acerca de las facultades que puedan tener las distintas instituciones del Estado tampoco me representa un problema”, sumó el timonel UDI, agregando que “el problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional”.