El senador Jorge Pizarro como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado se ha convertido en un actor político relevante ya que fue “un articulador” del entendimiento entre el ministro de Hacienda y la Comisión del Senado que permitió concordar el 14 de junio pasado el Plan de Emergencia que destinó US$ 12.000 millones a la protección social y a la recuperación económica. Pizarro ha defendido que el apoyo económico debe tener como prioridad a las PYMES que siguen abandonadas y ahora plantea que Ingreso Familiar de Emergencia, IFE –mecanismo de apoyo al 40% más vulnerable- debe extenderse a lo menos hasta octubre con los mismos montos per cápita definidos en la ley 21.230.

En paralelo a este rol acá, preside el Parlatino y está en comunicación permanente con alcaldes y organizaciones sociales de su región de Coquimbo.

 

En medio de esa ajetreada agenda conversó con Cambio21 sobre la crisis económica y social que se vive por el covid19 y como debiera impulsarse la recuperación en la etapa post pandemia.

El IFE está ayudando al 40% más vulnerable de la población, con insuficiencias y tardanzas, pero casi 2,6 millones de familias han tenido algún apoyo. Es urgente que se de la señal de que montos IFE para agosto es el 100% de los meses previos y que para septiembre y octubre debe darse continuidad.

La situación de emergencia sanitaria, social y económica ha seguido en agosto y probablemente continuará en septiembre y octubre, especialmente en materia de desempleo que está afectando especialmente al 40% más vulnerable de la población que son los beneficiarios del IFE.

 

La encuesta UC de empleo revela que la mayor destrucción de empleos se ha producido en trabajadores por cuenta propia y servicio doméstico y que la tasa de ocupación en los más vulnerable cayó a sólo 30% o sea sólo 3 trabajadores de esos quintiles tienen empleos y 7 están desocupados y sin ingresos. Lo que corresponde es extender y pagar el 100% del IFE tanto en agosto, septiembre y octubre, y debemos evaluar si se requiere extenderlo hasta fines de año.

Sería un error discontinuar el IFE porque la triple crisis continúa.

 

Según el informe de la superintendencia de pensiones al 10 de agosto hay 710.000 trabajadores acogidos al fondo y ya para un 75% de ellos sus giros están siendo financiados con el Fondo Solidario de Cesantía –ya que se les drenaron sus ahorros en la cuenta individual de cesantía- y por otro lado el desempleo no durará 4 meses y es necesario mejorar la tasa de reemplazo de los giros 6º y 7º del Fondo Solidario que están en apenas 30%.

 

Lo solicitamos en el Senado en el primer trámite legislativo y esperamos que ahora que el proyecto está en la Comisión mixta se pueda acoger nuestra petición y así mejorar la protección laboral en un país donde hay una alta e inédita tasa de desempleo real; hay cerca de 3,0 millones de empleos menos este 2020 si se le compara con el mismo mes de 2019 y esos trabajadores formales requieren más apoyo social vía el Fondo Solidario de Cesantía.

Como país debemos mejorar los instrumentos de protección laboral, en especial para 2021 ya que la situación de desempleo se alargará para muchos chilenos y chilenas.

Escuchamos a varias entidades ligadas al tema quienes hicieron énfasis de que los recursos de este fondo se manejarán con transparencia y sometidos a la fiscalización del Congreso y la Contraloría; colocando especial énfasis que los recursos se manejarán presupuestariamente. Es un tema que acogeremos porque se requiere saber cuántos recursos gastaremos en esta etapa de protección social y cuando se destinarán a la reactivación económica.

 

Para la etapa de la reactivación puede que el Fondo se quede corto, se requerirá más impulso fiscal adicional para 2021 apoyar la reactivación sectorial de sectores estratégicos cuya recuperación será más lenta como la industria del Turismo –eso lo está mostrando Europa-, también debemos avanzar en innovación y más valor agregado a lo que producimos –no puede seguir inversión de sólo 0,35% del PIB en Innovación-; pero si lo hacemos con transparencia y con participación ciudadana creemos que estaremos agregando un valor adicional de capital social que vale la pena.

 

La economía post pandemia debiera ser más diversificada, con más aporte de las pequeñas empresas y más sofisticada; espero que en el diálogo entre empresas, sindicatos, universidades, etc, avancemos hacia esa mejor economía para el futuro.

 

Espero que haya dejado muchas lecciones para nuestra tecnocracia que cuestionó esta iniciativa legal, que anunció los peores males para la economía y para las pensiones.

Fue una gran derrota política para el Gobierno donde nuevamente llegó tarde. El Gobierno nunca entendió el grado de desprotección en que estaban las familias de clase media, reveló que los apoyos gubernamentales como el IFE y el bono de clase media eran absolutamente insuficientes.

Hoy el país siguió funcionando, no ocurrió nada de los males que algunos presagiaron. Se viene un shock de consumo porque 7,2 millones de chilenos/as retiraron su 10% lo que equivale a US$ 9.300 millones que serán consumidos estos meses en necesidades básicas, pagos de deudas y amortiguará la caída del PIB 2020.

Pero lo importante es mejorar las pensiones futuras, es ineludible avanzar en mayor solidaridad y sostenemos que la nueva cotización previsional debe ir íntegramente a solidaridad intra e intergeneracional lo que mejorará sustantivamente las bajas pensiones actuales y debemos tener un sistema de pensiones en que la solidaridad sea gestionado por un ente público, altamente profesionalizado y que funcione transparentemente.

 

 

Hay un hecho indesmentible que la crisis económica está afectando más fuerte a las pequeñas empresas, sea en el turismo, en el comercio, en la industria cultural, en los restaurants.

Esas pequeñas empresas no han tenido apoyos de CORFO, SERCOTEC, FOSIS las instituciones de fomento productivo y de apoyo cultural han estado ausentes en estos 5 meses de pandemia.

Por otra parte, las pequeñas empresas que accedieron al FOGAPE tuvieron un crédito covid19 equivalente a 1 mes de ventas pero la crisis lleva ya 5 meses y durara más –a pesar del shock de consumo que está significando el retiro del 10%-. Es urgente implementar medidas de apoyo para las pequeñas empresas de cara a la reactivación económica; por ejemplo una segunda posibilidad de crédito covid19 vía FOGAPE, se requieren apoyos directos a sectores económicos cuya recuperación será más lenta como el turismo –ya que el flujo de turistas extranjeros se demorara años en recuperarse-, la gastronomía, la industria ucltural/ recreativa por ejemplo.

 

Aquí el apoyo estatal es clave. La diversidad de gremios de la cultura se quejan del nulo apoyo del Ministerio de las Culturas ante la crisis, lo que resulta sorpresivo ya que en la Subsecretaría hay $50.000 millones para transferencias a entidades privadas y públicas de las cuales sólo ha ejecutado el 28% al 31 de junio y parte de esos recursos pudo reasignarse para ayudar a centros culturales sin actividad por la pandemia. La Subsecretaría de Turismo en primer semestre muestra un recorte fiscal y nulo apoyo económico al sector.

La sobrevivencia de las miles de pequeñas empresas pasa por un potente apoyo fiscal; por eso exigimos que quedará en la ley la activación de la mesa de diálogo con las PYMES para evaluar lo comprometido en junio en plan de emergencia y nuevos apoyos.

 

Volvemos a insistir: la recuperación de la economía exige diálogo y acuerdos con los distintos gremios PYMES –no sólo los más gobiernistas, sino con la diversidad de gremios como UNAPYME, CONUPIA, ASEXMA, PYMES y también que se cumpla lo acordado en plan de emergencia de “apoyar a las pequeñas empresas vía programas de fomento productivo que incluyan subsidios y asistencia técnica” Esto no ha ocurrido hasta ahora y por eso exigimos que se constituyera por ley esta mesa y que se informará mensualmente al Congreso.

 

No habrá recuperación económica sostenible y duradera sino no somos capaces como país de dialogar y tener metas comunes entre Gobierno, Parlamento, Pequeñas empresas, grandes empresarios, trabajadores, universidades. Hace ya muchos años aprendimos que el carro de desarrollo debe ser empujado por todas y todos y los beneficios deben ser llegar a las grandes mayorías y es lamentable que el mundo más conservador no sea capaz de entender que el desarrollo social, económico, productivo y en este caso la recuperación económica requiere estos diálogos nacionales.

En lo personal espero que en la mesa PYMES se integren UNAPYME, CONUPIA, ASEXMA con ASECH, que Gobierno sea capaz de dialogar para implementar lo acordado y definir nuevas medidas de cara al 2021.

Aprendamos de la historia, los países que pudieron crecer después de una crisis es porque privilegiaron el diálogo entre trabajadores, empresarios –grandes y pequeños- universidades, parlamento y gobierno.

No se recuperará el país con decisiones unilaterales, con cadenas nacionales sea a las 21,00 hrs o a la hora de almuerzo donde lo que plantea el gobierno es su visión.

La recuperación económica y en especial del empleo que será más lenta requiere diálogos y acuerdos entre Empresariado, PYMES, CUT, Consejo de Rectores, Parlamento que representen las distintas miradas y se impulse una agenda pro empleo que interprete a las mayorías. Los alivios tributarios no son suficientes se requieren planes de impulso fiscal de mediano plazo, se requiere apelar a lo mejor de nuestro capital cultural, a superar las desconfianzas instaladas hace años en el país.