Por Alfredo Peña R.
Cerca del inicio de la tramitación parlamentaria del presupuesto 2021, equivalente a 72.500 millones millones de dólares conversamos con el presidente de la Comisión Mixta senador Jorge Pizarro sobre lo que espera la oposición en este debate presupuestario.
El parlamentario señala que está preocupado de la transparencia en las compras del gobierno: "Esta materia nos preocupa porque en este Gobierno se han multiplicado las malas prácticas en el sistema de compras públicas como el trato directo y la centralización de las decisiones de compra".
Jorge Pizarro conversó con Cambio21 sobre su labor en el tema presupuestario para 2021.
¿Cómo ve la oposición el presupuesto 2021?
En un país viviendo una triple crisis (sanitaria, social y económica) con más de dos millones de empleos perdidos en 12 meses, con IMACEC negativos, con más de la mitad de los hogares que han sufrido disminución de sus ingresos se requiere una política fiscal activa.
El presupuesto 2021 debe dar impulso fiscal a la recuperación de los empleos, mejores prestaciones en salud y educación, avanzar en descentralización fortaleciendo las regiones y los municipios, también dar saltos importantes en transparencia, información y en una mejor institucionalidad presupuestaria que permita tener nuevos indicadores para mejorar la calidad del gasto público y mejorar la evaluación de los programas sociales para que se optimice su implementación en favor de las familias de ingresos medios y vulnerables. Andar eliminando programas sociales como propone la UDI y el Gobierno no nos parece un buen camino.
¿En que áreas se debiera priorizar el mayor gasto fiscal 2021?
Lo primero es definir que la base del presupuesto de 2021 debe ser el vigente de 2020; pero también plantearemos que deben revertirse los recortes en el ámbito de la inversión que han significado una disminución del -5,6%, alrededor de US$ 550 millones recortados de los recursos iniciales en inversión y las transferencias de capital.
También para el presupuesto 2021 deben revertirse los recortes de este 2020 en ministerios clave como Turismo -44%, Cultura -8%, y en Innovación y Ciencias -5%.
El presupuesto fiscal 2021 debe ser más expansivo y dar impulso fiscal a la actividad y mantener la protección social.
Debe implementarse un potente plan de inversión pública en vivienda, en infraestructura hídrica en regiones; debe ser una inversión “verde” con apoyo al desarrollo en Energías Renovables, en construcción de embalses, plantas desalinizadoras, en ciclo-vías en las comunas de las grandes ciudades.
Este plan debe ser de rápida ejecución, con cobertura regional, con cronograma e identificación de territorios que permita su monitoreo.
Esto requerirá mucha transparencia e información sobre la cartera de proyectos a implementar, su territorialidad, los empleos que genera, etapa de ejecución en que se encuentran, lo que debiera informarse mensualmente a la Comisión Mixta de Presupuestos para hacer un adecuado control democrático de ese Plan de Inversión Pública. La opacidad con el manejo de los recursos públicos debe terminarse.
¿De que modo debe apoyarse la recuperación del empleo y las PYMES?
Hay más de 2 millones de chilenos que han perdido su empleo en los últimos 12 meses; por tanto, debemos trabajar para que ellos recuperen sus empleos. Es relevante legislar bien sobre los subsidios al empleo, que deben tener apoyos especiales para mujeres y jóvenes a quienes les cuesta más recuperar el empleo.
Adicionalmente para el Presupuesto 2021 en materia de empleo deben reforzarse los recursos para los programas directos de empleo ampliando los recursos 2020; así como reforzar la ejecución de los subsidios al empleo joven y empleo mujer que muestran a julio una baja ejecución en SENCE e incrementarlos para 2021.
En el caso de las PYMES debe haber una política especial para 2021. Debe haber un Fogape 2.0 para esta etapa de recuperación; asimismo apoyar a las pequeñas empresas vía programas de fomento productivo que incluyan subsidios y asistencia técnica a ser desarrollados por los Centros de Desarrollo de Negocios de Sercotec, y por Fosis, Indap y Corfo; esto fue acordado y gobierno no ha cumplido.
Es relevante que en el presupuesto 2021 existan recursos fiscales para implementar programas de apoyos sectoriales, vía asistencia técnica y subsidios cuya cadena productiva es formada principalmente por pequeñas empresas como ocurre en el sector turismo, la industria Cultural y en recuperar barrios comerciales en las ciudades.
Estos programas de apoyo a las pequeñas empresas deben estimular la asociatividad de las pequeñas empresas y modificar los actuales programas que enfatizan el individualismo de las empresas, así como haya coordinación de los entes públicos de fomento con los Ministerio de Cultura por ejemplo y la Subsecretaría de Turismo cuando corresponda que permita una eficaz red de apoyo a las pequeñas empresas.
Hay un desafío de coordinación institucional de las agencias públicas (Sercotec; Fosis; Sernatur; Corfo, Indap y Sence) que aún es débil –pero solicitaremos que debate del presupuesto 2021 para las PYMES se realice coordinadamente ya que no existe esa coordinación intra sector público pero también es relevante que esas instituciones públicas dialoguen con gremios de pequeñas empresas en la mesa de gremios Pymes.
El presupuesto 2021 debe hacerse cargo de cumplir estos compromisos ligados a la recuperación de la economía y los empleos.
¿Qué plantean para Salud Pública y Educación?
La salud pública ha mostrado una capacidad de respuesta ante el covid19 tanto a nivel de infraestructura como de personal, así como ha mostrado debilidades, pero para 2021 la inversión pública en salud debe reforzarse especialmente a nivel de entregar mayores recursos a la atención primaria vía el per cápita que MINSAL fijó en $7.200 pero que aún es insuficiente y propondremos que se llegue a $10.000 de per cápita para el presupuesto 2021.
Así deben reforzarse los recursos al Deis y generar una gobernanza que de confianza al conjunto del sistema de salud. Para 2021 deben considerarse los recursos para un acceso universal a la vacuna contra el Covid19.
En educación pública debemos abordar las enormes brechas de conectividad digital que develó la pandemia y otras precariedades en la educación pública, que coincidieron con una rebaja del 25% de los recursos 2020 del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.
En presupuesto 2021 insistiremos en que exista un mayor impulso para avanzar en recuperar la calidad de la educación pública.
Asimismo, deben incrementarse los recursos para el programa Mineduc con Subtel para aumentar la conectividad en aquellas zonas de importante concentración de alumnos y definir un plan que permita conectividad total al 2023.
En educación superior este 2020 se está convirtiendo en un año crítico. La pandemia ha generado deserción escolar, alumnos con problemas para pagar sus aranceles (50% de los ingresos en promedio provienen de esa vía) y NO se cumplió la glosa del presupuesto 2020 que permitía autorizar el uso hasta el 30% de los excedentes acumulados.
Las Universidades del Cruch calculan un impacto financiero en menores ingresos de 200 mil millones de pesos.
La mesa técnica con Rectores CRUCH, asesores técnicos de los parlamentarios tampoco prosperó y se emitió un informe sin ningún acuerdo. Adicionalmente los Rectores plantean la situación de los aranceles regulados donde el MINEDUC implementó un proceso sin consulta y diálogo con las Universidades.
Por eso acogiendo la demanda de los Rectores Cruch en presupuesto 2021 trabajaremos para:
Que se autorice por glosa el uso del 40% de los excedentes acumulados en Fondo Solidario de Crédito universitario
modificar las fechas de transferencia de los recursos por gratuidad a las instituciones de educación superior que permita transferencias oportunas de los recursos públicos hacia esas entidades
Y también reforzar los programas de apoyo a los estudiantes que permita compensar los déficits generados por el 2020 sin clases presenciales ni vida universitaria.
Y además, postergar para 2022 la implementación de los Aranceles Regulados.
"Se han multiplicado las malas prácticas en el sistema del trato directo"
En los últimos días ha estado en el tapete la discusión sobre transparencia y evaluación de programas. ¿Qué propone la oposición sobre esas materias?
Esta materia nos preocupa porque en este Gobierno se han multiplicado las malas prácticas en el sistema de compras públicas como el trato directo y la centralización de las decisiones de compra -incluso se acordó en Protocolo de Ley de Presupuesto 2020 que se enviaría antes del 31 de abril un proyecto de ley que modernice la ley de compras públicas con criterios de transparencia, descentralización y Pro PYME- pero esto no ha ocurrido.
Un reciente estudio del Observatorio Fiscal detecta que en este 2020 en el sector salud se han duplicado los tratos directos y sobreprecios y la DIPRES implementó un sistema de pago centralizado que es cuestionado por los consejeros regionales, por tanto, insistiremos con indicaciones que aseguren tener más transparencia y descentralización en la ley de presupuesto 2021.
Además en el proyecto de ley de Fondo Covid 19 se incorporaron normas para una mejor información y transparencia del uso de los recursos públicos para tener un mejor monitoreo de la ejecución del Plan de inversión pública con información detallada sobre su localización, etapa de ejecución a lo menos, del gasto en Salud que ahora en presupuesto 2021 debiera extenderse al conjunto de las partidas presupuestarias (empleos, apoyo a PYMES, apoyo a la educación superior y pública, transferencias a regiones y municipios etc) que permitan una mejor información a la ciudadanía y una mayor calidad del gasto público. Pero vemos con preocupación que la UDI sobre esas nuevas normas amenaza con ir al Tribunal Constitucional para bloquearlas.
¿Cómo ejercerán el control para garantizar el buen uso de los recursos públicos y para que no se repitan casos como el ocurrido en la Intedencia de Coquimbo donde tuvo que renunciar la propia intendenta?
Sobre la evaluación de los programas gubernamentales insistimos que debe reformarse su institucionalidad. Si queremos mejorar la calidad del gasto público debemos terminar con actual modelo donde el ejecutivo son “juez y parte” del monitoreo y evaluación y dar pasos para incorporar al Congreso y a los expertos de las Universidades al sistema de evaluación de programas.
La evaluación de los programas no puede reducirse a su gestión financiera, costos unitarios y debe ampliarse a medir su impacto en el territorio y en la sociedad lo cual requiere un acuerdo transversal que permita mejorar la institucionalidad de evaluación de la calidad de los programas públicos.
Ese debate no se realiza anunciando “eliminación de programas” y creemos que de cara al futuro se requiere optimizar el proceso de evaluación en que participe el ejecutivo, el Congreso y las Universidades
