Molesto.

 

Así está el senador y excandidato presidencial del Partido País, Alejandro Navarro, luego que la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones confirmara la resolución del Octavo Juzgado de Garantía, que aprobó la suspensión condicional de las indagatorias contra SQM y sus dos filiales, Nitratos y Salar, en el marco del juicio por supuesto cohecho, información publicada en El Mercurio.

 

Para el parlamentario por la región del Biobío, el posible cierre del “caso SQM”, sin culpables, le hará un daño enorme a la política chilena, “dinamitando la credibilidad del Ministerio Público”.

 

En concreto, se refiere al acuerdo al que llegó la Fiscalía con las empresas formalizadas, el cual consiste en el pago de cerca 2.600 millones de pesos. 900 millones irán a beneficio fiscal y lo demás será donado a instituciones y fundaciones sin fines de lucro.

 

Uno de los beneficiados de esta resolución es el exsenador y fundador de la UDI Pablo Longueira, quien apareció en conversaciones de correos electrónicos junto al exgerente general de SQM Patricio Contesse, y en cuya investigación se señaló que el dirigente de derecha habría recibido pagos indebidos por cerca de 700 millones de pesos, para así favorecer a la compañía en el marco de la Ley del royalty minero.

 

 

 

En conversación con Cambio21, el senador Navarro manifestó que “después del ‘caso SQM’ y el impacto histórico que tuvo en la destrucción de la credibilidad de la política nacional, la resolución que busca dejar sin culpables y en la máxima impunidad a los responsables pasa a ser un elemento histórico que ya no solo afecta al poder legislativo y al poder ejecutivo, sino que también al Ministerio Público”.

 

“Una resolución como esta, de llegar a concretarse, va a dinamitar la credibilidad del Ministerio Público, que no está actuando de manera autónoma para llegar a una salida como la que estamos viendo. Se requieren consensos políticos dentro del Congreso y también dentro del gobierno”, agregó.

 

“Por lo tanto -alegó-, ha habido una coincidencia en querer ‘resolver’ el ‘caso SQM’ antes de la salida del gobierno de la Presidenta Bachelet y despejar esa variable. Yo considero que esa es la peor salida. El conjunto de leyes de transparencia que hemos ido acumulando para devolverle la credibilidad a la política terminan por destruirse, responsabilidad que tiene que ser asumida por los culpables, por los fiscales y por quienes han participado de este acuerdo”.

 

Según el legislador sureño, “este es el infierno para la política. Va a ser muy difícil recuperar credibilidad y participación ciudadana, dentro de un país que vive una crisis de participación, legitimidad y representación. Lo único que quedaba en pie era la actuación de algunos fiscales que de manera autónoma e independiente desarrollaron una investigación en contra de los poderosos, quienes nos han demostrado que se salen con la suya”.

 

Lo más delicado, según Navarro, “es que tiene plena vigencia el viejo adagio que dice que ‘la izquierda y la derecha jamás serán vencidas’. Aquí ha habido una concordancia y complicidad de izquierda a derecha y atravesando todas las instituciones. Soquimich generó un daño colateral inmenso. Son muchas, sino todas, las instituciones las que quieren terminar con esta situación a la brevedad posible”.

 

Para rematar, la “guinda del pastel”: el acuerdo entre la Corfo y SQM, donde el dirigente dijo que “deja a Soquimich con un alto precio en sus acciones en toda su historia y con la permanencia de Julio Ponce Lerou hasta 2030… la verdad, yo no termino de comprender cuál es el tipo de evaluación que el gobierno y los partidos políticos han realizado”.

 

“Salvar a SQM a cambio de la impunidad es un precio demasiado alto para la política y el país”, concluyó.