El proyecto sobre "ley Rutherford" que contempla una modificación al Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo de ministros de Cortes de Apelaciones que integren los tribunales castrenses, de manera que puedan extender su permanencia en dichos tribunales, dio un paso más en su promulgación. Este proyecto es tramitado en el Congreso y tiene implicancias en las investigaciones judiciales al interior de las Cortes Marciales.

Este miércoles fue revisado por el pleno del Tribunal Constitucional, de forma extraordinaria, el control de constitucionalidad, solicitado por el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, el pasado 30 de diciembre.

Finalmente, a través de un comunicado de prensa, el TC informó que “la modificación introducida al Código de Justicia Militar abarca el ámbito de la ley orgánica constitucional y, luego, llamado el Tribunal a pronunciarse respecto de la constitucionalidad de la norma, ésta fue declarada conforme con la Constitución”.

Esta idea de legislar tiene el nombre de la ministra en visita extraordiaria de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien está investigando el Fraude en el Ejército, donde incluso ha procesado a exaltos mandos de la institución armada, entre ellos los excomandantes en Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

La decisión de este miércoles da luz verde a la promulgación de ley, situación que ya era mirada de reojo por la Corte Suprema, desde hace dos semanas. El 30 de diciembre, el pleno le renovó la exclusividad absoluta en la causa, hasta marzo, pero de promulgarse la ley, esta facultad podría extenderse en un año, según conversaron los ministros durante esa jornada.

La renovación de la visita de Rutherford en el TC, avanza en paralelo en las pesquisas de la magistrada, con toma de declaraciones, sentencias, y la revisión de todas las aristas de la causa, las que superan las 30.

Durante la penúltima semana de diciembre se concretó la declaración del comandante de Personal, general Patricio Mericq Guilá, en calidad de inculpado.

El general, sin embargo, se negó a concurrir a declarar en el tribunal, por lo que la jueza debió ir a tomarle declaración a su casa, junto a los funcionarios judiciales.

El general Mericq declaró como “apoderado” del procesado excomandante en jefe del Ejército, general (R) Humberto Oviedo, cuando este fue jefe de la institución (también es su cuñado), y también por el uso de los dineros destinados a las comisiones de servicio. El alto oficial es indagado en la arista “empresas de turismo” por unas vacaciones en Panamá, entre otras cosas.