Foto: Carlos Insunza, presidente ANEF

Por María Cristina Prudant

 

Definitivamente, el gobierno no respetará la palabra empeñada con los funcionarios públicos, a quienes hizo diversos llamados y promesas de estabilidad laboral para que votaran por él durante la campaña presidencial. Ya lo había hecho la primera vez que postuló y no cumplió. Ahora parece haber un claro acuerdo con los partidos de derecha para despedir a la mayor cantidad de trabajadores fiscales con el argumento de que son operadores políticos y que hay que hacer un ajuste económico.

De nada sirvieron los anuncios de que se respetaría a quienes llevan años en el servicio público, que los que no son operadores políticos debían estar tranquilos, que lo que le interesaba era “remover la grasa del Estado”.

La diputada Paulina Núñez (esposa del ministro de Vivienda Cristián Mönckeberg) junto a otros diputados hizo una campaña en la administración pública para que fueran denunciados quienes estaban sindicados como operadores políticos. Es decir la razzia es a cualquier precio, creando ambientes de terror entre los funcionarios. Sin respetar siquiera, hasta ahora, las resoluciones de los tribunales.

 Por ahora, la mayoría de los despidos han correspondido a funcionarios que llevaban muchos años trabajando y no había ningún motivo para quitarles su empleo, aunque  después se habló de que las personas que no tenían afinidad política con el gobierno también tendrían que irse.     

Muchos funcionarios que han sido despedidos han presentado demandas judiciales y hubo un fallo de la Corte Suprema que sentencia que no es tan fácil removerlos. La Tercera Sala, en fallo dividido, reconoció el “carácter indefinido” de las relaciones contractuales de más de dos años con personal a contrata. De a poco irán surgiendo las resoluciones judiciales y el Estado tendrá que responder a sus fallos.

 Este dictamen surgió al amparo de un recurso de protección emitido por un funcionario a contrata de la Superintendencia de Valores, despedido “de manera injusta y sin motivos” -de acuerdo con la resolución-, que fue acogido por el máximo tribunal. Allí se plantea que existen restricciones al poner término a los empleos a contrata para personas que han tenido renovaciones por más de dos períodos, y eso se traduce en “relaciones indefinidas por el Estado”.

De una u otra forma los trabajadores han expuesto públicamente sus problemas, como ocurrió con los del ministerio de Obras Públicas, que se encuentra a pasos de La Moneda. Más de 400 funcionarios y funcionarias del MOP realizaron variadas acciones de protesta con motivo del despido de una treintena de funcionarios de la Coordinadora de Concesiones. Además protestaron por informaciones que advierten la posibilidad de despidos masivos en la Dirección Nacional de Vialidad. Todos por razones políticas.

Organización de funcionarios pide reunión con ministro

 La Federación de Trabajadores del ministerio planteó a través de una declaración que "reiteramos la solicitud de  reunirnos con el ministro Fontaine a la brevedad, además de instalar una mesa de trabajo donde se revise el supuesto déficit presupuestario, y cómo podemos analizar la mejor forma de reducir los gastos con el fin de que esto no implique la desvinculación de funcionarios".

Agregan que "se encuentran en estado de alerta, con la firme convicción de que nadie sobra en nuestro Ministerio y que cada uno de nosotros somos funcionarios de Estado y no del Gobierno de turno".

 El presidente de la Asociación de Empleados Fiscales, Carlos Insunza, acompañó a los trabajadores del MOP en las protestas.

 “Nosotros estamos repudiando la nueva oleada de despidos que estamos presenciando. Estamos hoy día ante la situación que dos ministerios de primera relevancia en el quehacer del Estado están implementando una razzia de trabajadores y trabajadoras, particularmente en el Ministerio de Desarrollo Social, donde ya se han cursado más de 115 despidos en el Fosis, lo que implica un porcentaje cercano al 10% de la dotación del servicio y se está amenazando con despedir a más de 36 trabajadores del Senama, lo que también es un número cercano a 10% de la dotación del servicio”, dijo el dirigente gremial en conversación con Cambio21 sobre la situación que siguen viviendo los funcionarios públicos.

Agregó que “es evidente que no se trata de una medida casual,  sino que está sumamente coordinada de la misma manera que se ha instalado en el Ministerio de Obras Públicas la amenaza de despedir  hasta el 13% de la dotación institucional. Esto es de suma gravedad, porque en ambos casos se trata de una medida que no solo afecta a trabajadores de carrera, muchos de ellos tienen más de 20 años de servicio cumpliendo labores en distintas reparticiones del Estado”.

 En riesgo implementación de política social

 El dirigente aseveró que con estos despidos “se está poniendo en riesgo la implementación de la política social y, por lo tanto, la atención de los sectores más vulnerables de nuestro país. En el caso del MOP los despidos están directamente vinculados a la voluntad de que el ministerio de Obras Públicas no cumpla con su misión y tareas, particularmente en el control de las empresas concesionarias que licitan con el ministerio. La primera oleada de despidos es respecto de inspectores fiscales y en varios casos se les ha comunicado, al momento de notificarles su despido, que estos se realizan por el hecho de que realizan con excesivo celo sus funciones y reglamentos que corresponde aplicar”.

 “Entonces, estamos ante una decisión de la máxima gravedad, que no solo compromete los empleos de una cantidad importante de trabajadores sino que está poniendo en riesgo el funcionamiento de dos instituciones gravitantes en el Estado”, apuntó.

El gobierno ha planteado que los despidos se deben a un ajuste fiscal por la escasez de recursos , sin embargo Insunza asegura que “ parte de los discursos que se están dando en todos estos servicios es que se escudan en la necesidad de reducir el costo de la administración pública, pero lo cierto es que está absolutamente demostrado que los cupos de las personas que han sido despedidas son reemplazadas inmediatamente sin ningún tipo de proceso de selección por personal de confianza de las autoridades de turno y en la mayor parte de los casos con remuneraciones mucho mayores que las del personal despedido. Entonces, es absolutamente claro que la argumentación, las excusas de que esto estaría vinculado a la necesidad de ajuste fiscal, no tienen ninguna validez, porque son desmentidas por los hechos y por las propias autoridades de estas instituciones”.

 Respecto del fallo de la Corte Suprema que impide que sean despedidas personas a contrata, el presidente de la Anef, explica que “hay jurisprudencia de la Contraloría, de los tribunales de justicia en estas materias, que han ido reafirmando la continuidad de estos contratos. Con más razón las personas que están implementando estos despidos van a terminar perdiendo las presentaciones que hagan ante los tribunales con un costo fiscal altísimo. Hoy lo que está más a la vista es lo que ha ocurrido en la municipalidad de Maipú, que a partir de la gestión de la alcaldesa Katty Barriga inició una seguidilla de despidos masivos, absolutamente ilegales, que tienen hoy día al municipio en una situación financiera precaria. Lo que viene en la administración central es similar y ya se está viendo, porque se está ordenando reintegrar a los funcionarios, pagarles indemnizaciones. Esto va a tener repercusiones en el presupuesto público”.

Piñera no cumple con la institucionalidad

 En cuanto a la decisión de la Cámara de Diputados, a pedido de la Anef, de notificar a Piñera para que envíe toda la información con los despidos y nuevos contratos para lo que tenía un mes de plazo, que ya se cumplió, el dirigente explicó que “no ha contestado y nosotros le estamos pidiendo al conjunto de la Cámara de Diputados, pero particularmente a todos sus jefes de bancada y a la mesa de la Cámara, que puedan tomar un acuerdo y que puedan representarle con urgencia a Piñera la imperiosa necesidad de que cumpla con sus obligaciones constitucionales y que de una vez por todas termine con la lógica de minimizar o de  faltarle el respeto al Poder Legislativo, particularmente a la Cámara de Diputados, en el marco de sus facultades fiscalizadoras”.

 En la administración pública alrededor de 1.200 trabajadores han sido despedidos y hay anuncios de que vienen muchos más.

 El Vicepresidente de la CUT Nolberto Díaz afirmó que en la multigremial lamentan los despidos que se han producido en el Fosis y ministerio de Desarrollo Socia: “son trabajadores que llevan muchos años en el servicio público por eso lamentamos el despido de estos trabajadores de ambos servicios”, recalcó.

 Respecto de si tienen alguna posibilidad de recuperar su fuente laboral, el dirigente manifestó que “hay quienes han ejercido demandas y hay otros que sus contratos vencían, por tanto las posibilidades administrativas son muy difíciles de cambiar. Esperamos que todos aquellos que puedan ejercer acciones ante la justicia las reclamen como corresponde”.

Según comentó Díaz, las relaciones con el gobierno están detenidas: “nosotros con el gobierno no estamos conversando hace más de 10 días. No tuvimos acuerdo en el tema del salario mínimo y menos tenemos acuerdo acciones que ha llevado adelante la Dirección del Trabajo a última hora y menos con los despidos. Nosotros no estamos conversando con el gobierno”.

En cuanto a si los despidos continuarán o no, es una incógnita para el dirigente. “Nosotros lo que esperamos es que no hayan más despidos”, recalcó.

Los despidos de funcionarios públicos están contribuyendo al desempleo, que subió durante junio. Díaz recordó que “este no es un gobierno que esté a favor de los trabajadores, es claramente en favor de los empresarios. No solamente cierran las empresas, sino que además ejercen despidos arbitrarios”.