La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara empezó a discutir cuatro proyectos que buscan regular la entrega de recursos públicos a fundaciones y ONG’s.

Esto, a raíz del escándalo que generó el caso Democracia Viva en Antofagasta y las posteriores investigaciones en al menos nueve regiones del país.

Entre otras cosas, las iniciativas pretenden modernizar la legislación existente que fija los requisitos que deben cumplir estas organizaciones privadas.

Asimismo, se quieren establecer requisitos específicos para sus socios, elementos de acción pública, publicidad de sus actos y otras materias.

Por otra parte, incorporan obligaciones para las personas jurídicas con el fin de garantizar el buen uso y destino de los recursos del Estado que perciban.