El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió a trámite la solicitud presentada por consejeros regionales de oposición para destituir al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

El recurso fue presentado el pasado 25 de julio, donde consejeros regionales de la UDI y del Partido Republicano acusaron un notable abandono de deberes y sus motivos los basaron en un informe de Contraloría que detectó distintas irregularidades en la gestión del gobernador.

Una de las pruebas que presentan los gobernadores UDI y republicanos es el pago de $31 millones a la firma Vera y Asociados S.A. para un servicio de “coaching directivo”, en el que, según el ente contralor, se hablaron temas relativos a la campaña a la reelección de Orrego.

De acogerse en el fondo, podría inhabilitar a Orrego a ejercer cargos por cinco años.

El texto profundizó en dos de los casos en que Orrego está imputado penalmente (aunque no formalizado a la fecha): el traspaso de $1.683.788.000 a ProCultura pese a un potencial conflicto de interés con el siquiatra Alberto Larraín y el caso Coaching destapado en junio por Contraloría.

Sobre los reparos que la Contraloría planteó el mes pasado al traspaso de $31.366.179 del Gobierno Regional (Gore) a la consultora Vera y Asociados para un servicio de coaching que incluyó al menos 16 sesiones sobre su campaña, ha asegurado que ese informe final será subsanado con un recurso de reconsideración presentado este viernes.

A esto se suma que el pasado jueves se ingresó la solicitud de desafuero del gobernador regional Metropolitano en el marco del caso ProCultura.

El Fiscal de Alta Complejidad, Eduardo Ríos, y el persecutor regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, piden formalizar y pedir medidas cautelares contra el Gobernador como autor de los delitos consumados de fraude al fisco, usurpación de funciones y malversación por aplicación pública diferente.