Esta semana el país pudo presenciar dos circunstancias que demuestran el cambio de mirada del gobierno de Sebastián Piñera y de cómo sus propuestas se diferencian de la administración anterior.
Ambas instancias tienen un foco que las une: el Tribunal Constitucional y sus facultades para modificar las leyes.
Aborto limitado
El gobierno de Sebastián Piñera modificó el protocolo de aplicación de la ley de aborto en tres causales aprobada bajo la administración de Michelle Bachelet, para facilitar que instituciones privadas apelen a la "objeción de conciencia" y no practiquen la interrupción del embarazo.
A través de un decreto emitido el pasado viernes, a menos de dos semanas de asumir el gobierno, el ministerio de Salud eliminó un artículo que hacía alusión a los convenios del Estado con instituciones de salud privada para la realización de abortos en caso de violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad fetal.
El nuevo protocolo reduce también los requisitos exigidos a las instituciones, al excluir la necesidad de justificar "en base a creencias, valores, idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos" la decisión de objetar.
Lucro libre
Modificación trascendental en educación: en fallo aprobado por seis votos contra cuatro, el Tribunal Constitucional determinó que se permite que haya fines de lucro en la educación superior.
De esta forma el organismo desechó la normativa de la reforma a la educación superior, que impedía a los controladores con fines de lucro mantener bajo su mando a instituciones como centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades.
Piñera, el TC y la democracia
Conversamos con Claudia Dides, directora ejecutiva de la Corporación Miles, quien dijo que “no compartimos los cambios hechos en el protocolo de la Ley de Aborto, porque consideramos que las instituciones no pueden ser objetores de conciencia porque son las personas las que tienen consciencia”, explica.
Dides asegura que esto puede ser un inconveniente entre las instituciones médicas y las mujeres “situación que se reflejará en sus planes de salud, principalmente en las instituciones médicas privadas”, indica.
Consultada sobre el rol que cumple el Tribunal Constitucional en este y otro tipo de instancias, Dides asegura que “este organismo, creemos, que esta cumpliendo un protagonismo que lo ubica casi como un cuarto poder, rechazando propuestas validadas por el Congreso. Tenemos la convicción de que en esta oportunidad el Tribunal se equivocó”, afirmó.
Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Arcis, comentó la decisión del Tribunal Constitucional en el marco de la permisividad del lucro en las instituciones superiores diciendo que "esto genera un enorme daño a la educación chilena".
"Los dichos del ministro Gerardo Varela, que dice que esto no afecta a los estudiantes, no es así, nos afecta en todo. Lo que se ha hecho es derogar o suprimir un artículo por secretaría para pasar por encima de la ley para seguir lucrando con la educación", señaló.
Según Beltrami, "acá hay empresarios de la educación que se llenan los bolsillos a costa de las familias y estudiantes chilenos. Eso es sumamente grave. Este gobierno lo que está haciendo es pasar por encima de la ley. Ya lo está haciendo con el reglamento del aborto en tres causales y ahora con la reforma de educación superior. Nos movilizaremos. Esto es inaceptable", advirtió.
El contexto político se vuelve relevante en el acontecer que rodea las determinaciones del Tribunal, donde algunos comentarios hablan de que se trataría de las primeras victorias de la administración de Sebastián Piñera.
Para el analista político Patricio Gajardo esto es en realidad una verdad a medias porque “no veo demasiados puntos en común entre lo que determinó el Tribunal y la gestión del presidente Piñera, veo que se trata más de un quehacer político que viene desde la oposición a Michelle Bachelet”, expresa el analista.
“Se debe recordar que lo que tiene que ver con la determinación del Tribunal en el lucro esto viene desde un requerimiento emanado desde las instituciones educacionales privadas, lo que deja de lado cualquier sospecha que lo relacione con el Gobierno”, apuntó Gajardo.
Consultado sobre las posibles movilizaciones ciudadanas frente a estas resoluciones, Gajardo tiene claro que “son las redes sociales las que convocan a manifestarse frente a un tema. Pero la relevancia de aquello que suma voluntades es importantísimo, cuestión que considero que todavía no sucede con estos dos temas”, concluye el analista.
