Foto: Algunos de los escoltas civiles que estuvieron con Allende hasta sus últimos minutos en La Moneda. Luego fueron asesinados vilmente por elementos del Ejército

La Corte de Apelaciones de Santiago dispuso que el estado indemnice a familiares de miembros del aparato de seguridad del expresidente Salvador Allende, asesinados durante el golpe de Estado de 1973.

Se trata de 11 integrantes del denominado Grupo de Amigos Personales (GAP) del mandatario socialista, que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados ilegalmente por integrantes del Ejército tras la asonada del 11 de septiembre, bajo el mando de Augusto Pinochet (1973-1990).

El tribunal determinó que no procede la prescripción de esos crímenes, pues se trata de delitos de lesa humanidad, y ordenó al fisco desembolsar mil 225 millones de pesos chilenos (alrededor de un millón 738 mil dólares al cambio actual) a favor de las madres, cónyuges, hijos, hermanos y sobrinos de las víctimas.

El GAP estaba integrado esencialmente por alrededor de un centenar de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario y del Partido Socialista los cuales tenían como misión esencial resguardar la seguridad del presidente Allende.

Sus miembros fueron de las pocas personas que permanecieron junto a Allende en el palacio de La Moneda cuando el mandatario decidió que todos los funcionarios abandonaran la casa de gobierno ante el inminente ataque de las tropas golpistas. Según testimonios, al menos 30 de ellos fueron detenidos y asesinados de inmediato o en días posteriores al golpe.

Así, se deberá indemnizar a familiares de los detenidos desaparecidos Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón; y de los ejecutados ilegalmente Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavala, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barría y Enrique Andrés María Ropert Contreras.