El exministro de Educación, Harald Beyer, abordó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por eventuales irregularidades, inconsistencias y una supuesta manipulación en los informes financieros y los cálculos de deuda pública durante su gestión.

Beyer, uno de los firmantes de la carta titulada “Una acusación que daña a Chile”, señaló que uno de los motivos para adherir al escrito es que, a nivel general, se comete un error al utilizar este tipo de facultades. A su juicio, ello se relaciona más con una modalidad de “guerra política” y termina haciéndole daño al país.

Beyer fue ministro de Educación, durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera siendo destituido de ese cargo por el Senado.

En el caso de Grau, sostuvo: “Más allá de si se equivocó o no en las proyecciones, más allá de si los ingresos fiscales estaban mal proyectados, yo creo que ninguno de esos factores significa un incumplimiento de la ley o una violación de la Constitución y, por lo tanto, no corresponde una acusación constitucional”, señaló en CNN Chile.

“Me parece que el país se ha ido polarizando y ha estado usando estos instrumentos como parte del conflicto político, y es una mala idea. En este caso creo que también se cumple esa premisa”, agregó, y subrayó que “no ha incumplido las leyes ni ha violado la Constitución; por lo tanto, no merece esta acusación constitucional”.

Desde su perspectiva, el libelo acusatorio es incorrecto desde el punto de vista institucional.

“Yo sufrí una acusación constitucional, tengo tal vez una exigencia más alta de evaluar esto con cuidado y ver si corresponde o no corresponde, y en este caso me parece que no corresponde”, dijo sobre la situación que debió afrontar durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, en pleno auge de las demandas del movimiento estudiantil.

Al ser consultado sobre el argumento de que no apoyar la acusación constitucional implica respaldar la gestión económica de la administración saliente, precisó la importancia de separar ambas discusiones.

“Lo que hemos estado viviendo es una situación en la cual las acusaciones tienen poco respaldo, es parte del juego político, y eso es lo que creo que está mal, porque al ser parte del juego político degradamos, por así decirlo, la institucionalidad. Y claro, no habíamos estado dispuestos a degradar la institucionalidad fiscal, pero da la impresión de que en este caso estamos disponibles para eso, y eso es lo que yo considero tan lamentable”, añadió.

Sobre ese punto, explicó que el país ha construido una institucionalidad fiscal que goza de reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional y que, cuando surgen diferencias respecto de materias como las proyecciones económicas, lo relevante es generar espacios de discusión para resolverlas de manera colectiva.

“En este caso no hay ese ánimo, sino que la acusación constitucional es para pasar la cuenta por malos resultados fiscales, pero esas son críticas políticas, no violaciones a la ley”, puntualizó.

Asimismo, advirtió que el libelo acusatorio “genera la posibilidad de que esa degradación ocurra”.