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Un sonriente Cristián Barra vuelve a pisar La Moneda: Recordamos sus casos judiciales más controvertidos

Un sonriente Cristián Barra retornó a La Moneda,  como parte del equipo de futuro subsecretario Rodrigo Ubilla asistió a una reunión para traspaso de esa repartición que recordemos es el jueves.
 
La foto fue tomada por Rafael Pardo, quien la subió a su cuenta de Twitter, @rafadelagente
 
 
Barra se hará cargo de la Unidad de Gestión de Emergencias de la Subsecretaría del Interior, donde trabajará directamente con el titular de esa repartición, Rodrigo Ubilla, en el apoyo en los casos de emergencias, como sequías o incendios, según explica La Segunda.
 
La unidad fue creada en este gobierno por el subsecretario Mahmud Aleuy, donde hay 40 personas a cargo, y entre sus funciones está supervisar la entrega de recursos a bomberos. Su nombramiento habría estado vinculado por la buena evaluación que existe a su trabajo de coordinación y logística en el rescate de los mineros. Por lo mismo, se le pidió que aplique un “estándar minero” a su nueva función.
 
Barra fue duramente cuestionado por su anterior paso en el Ejecutivo en su paso por Estadio Seguro, tanto por su gestión como por haber percibido un sueldo de casi 5 millones de pesos y solo contar con cuarto medio.
 
 
El "currículo" de Cristián Barra
 
Quien fuera asesor y hombre de confianza de emblemáticas personeros del piñerismo, como Rodrigo Hinzpeter, Alberto Espina y el propio exmandatario, volvió a la palestra pública en un rol en la reciente campaña presidencial: encargado de grupos de apoyo por WhatsApp y redes sociales y organizador de banderazos y personal para ser apoderados de mesa en la elección del 19 de noviembre.
 
Apodado como la “Elvira” -por su parecido con el personaje que durante años encarnó el actor Felipe Izquierdo-, Barra se transformó en el ícono de los cuestionamientos judiciales durante la anterior administración de Piñera.
 
Algunos de los hitos controversiales
 
2007
Fue demandado por no pago de la pensión alimenticia por parte de su exesposa en el 2º Juzgado de Menores de Santiago. Recibió como condena la cancelación de tres sueldos mínimos para la mantención de su primera familia.
 
2002
Fue querellado por 8 millones de pesos por “apropiación indebida” de algunos equipos de audio luego de que fracasara la sociedad con Miguel “Negro” Piñera (discoteque Studio 54). El dueño del local, Andrés Muzzard, presentó el escrito por hurto ante el 33° Juzgado del Crimen de Santiago.
 
2000
Dos días de presidio por culpa de sus socios en un fallido restorán (AZ, ubicado en la Avenida Perú de Recoleta) Así lo recuerda una crónica de Cambio21 -de marzo de 2010-, donde se habla de una querella en su contra por giro doloso de cheques.
 
“Los socios se alarmaron al poco tiempo. Al revisar el registro de Dicom, se dieron cuenta que Barra tenía una cantidad importante de cheques protestados y la cuenta creada para el restaurante estaba reventada. Además, sumaba varios millones de pesos en imposiciones declaradas que no habían sido canceladas a sus empleados. Decidieron removerlo de su cargo, pero nunca consiguieron recuperar la inversión inicial. Las deudas y la fama del restaurante habían llegado a tal nivel que, respecto de los protestos los bancos, sólo aceptaban dinero en efectivo, porque a Barra ya no le creían nada”.
 
 “El 27 de octubre de 2000, Barra giró un cheque de la cuenta bipersonal que mantenía con su esposa, Mónica Fuchslocher, para pagar a uno de sus deudores. El documento fue protestado el 2 de noviembre de ese mismo año. Por lo mismo, las órdenes de aprehensión, tres en total, también se extendieron a ella luego de que los acreedores iniciaran acciones judiciales”.
 
2016
 
Luego de ejercer como director del plan “Estadio Seguro” del Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra por malversación de caudales públicos ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
De acuerdo a la nota de El Mercurio, el CDE buscaban el reintegro de dos aparatos tecnológicos comprados por la Subsecretaría del Interior en 2011 y 2013, un iPad y un microproyector, tasados en US$ 1.178 y US$380. Así lo resumía escrito judicial:
 
"El querellado ha sido requerido para que efectúe la entrega de los mismos, por la Subsecretaria del Interior (carta certificada de fecha 8 de abril de 2014) y por este mismo Consejo (carta de 13 de junio de 2016), sin que se haya verificado a la fecha el reintegro", se lee en la acción. Según los antecedentes reunidos, "una vez que dejó la función pública, en marzo de 2014, momento en que se generó la obligación de restituir, no hizo devolución de estos bienes muebles".
 
“La conducta ha generado un perjuicio fiscal total de $1.060.000, considerando el valor dólar de esa fecha. Hubo un atentado contra la confianza depositada en un importante funcionario de esa repartición".