En la sesión de la comisión investigadora por la fallida compra de la casa del presidente Salvador Allende, desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se reconoció que sabián de la inhabilidad que existía en la celebración que involucraba a la exministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende.

En concreto, fue la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, quien igualmente destacó que lo que les correspondía era “la revisión técnico-legal de este acto administrativo, en particular para el caso que nos reúne hoy, el decreto 38″.

La explicación se dio tras una pregunta de la diputada Paula Labra, quien planteó: “¿Usted no conocía el artículo 37 y 60 de la Constitución? Es decir, ¿no sabía que los ministros y parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado?”.

Ante eso, Moya respondió “yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía ambas normas, pero como ya hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso”.

“Nosotros realizamos, como decía el ministro Elizalde, solo aquellas labores que nos corresponden. En este caso en particular, que son de hecho aquellas que nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República y las normas que señala la diputada no están referidas a ese acto particular que, como les señalaba anteriormente, es un acto unilateral de la administración”, agregó.

Acto seguido, el presidente de la instancia, el diputado Andrés Longton consultó “¿usted conocía de la inhabilidad de la ministra y la senadora?”, a lo que Moya contestó “efectivamente”.

“¿Pero no se lo advirtió al Presidente ni al ministro?”, preguntó Longton nuevamente. Moya señaló “como le señalé anteriormente a la diputada Labra, lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico que es aquel que señala el artículo 6 de la Ley que crea el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular para el caso que nos reúne hoy, el decreto 38″.