Ya son tres los proyectos que buscan permitir a los afiliados, por tercera vez, concretar un retiro desde sus fondos de pensiones para hacer frente al golpe económico de la pandemia.

Y es que este jueves, un grupo de parlamentarios de oposición presentó una nueva iniciativa, con la particularidad de que apuntarán a una técnica legislativa "distinta" con el fin de que no pueda ser rechazada por el Tribunal Constitucional (TC): una reforma constitucional permanente, y no transitoria como fue el caso del primer 10%.

De esta forma, esperan que no ocurra lo mismo que sucedió con el proyecto de segundo retiro que impulsaban parlamentarios opositores, el cual fue cuestionado por el TC, por lo que terminó siendo aprobado el proyecto de ley del Gobierno. Sin embargo, ahora el Ejecutivo no tiene entre sus planes apoyar un tercer retiro.

"Para tener resultados distintos, no podemos hacer lo mismo", sostuvo el diputado Raúl Soto (PPD), impulsor de este tercer proyecto para un tercero 10% junto a sus pares Carolina Marzán (PPD), Ricardo Celis (PPD), Tucapel Jiménez (PPD), Rodrigo González (PPD), Patricio Rosas (Independiente), Miguel Calisto (PPD), Iván Flores (DC), Marcos Ilabaca (PS) y Juan Santana (PS).

Entonces, agregó, para que el TC no eche abajo esta iniciativa, "lo que estamos proponiendo es una técnica legislativa distinta" y se haga "una reforma a un artículo permanente de la Constitución, no una reforma transitoria".

"Pretendemos modificar el capítulo 3 del artículo 19 número 18 de la Constitución que establece el concepto de seguridad social para que allí se permita por una única vez, sin límite de tiempo, a todos los afiliados a una AFP o a una compañía de seguro mediante el sistema de rentas vitalicias, a hacer un retiro de su 10% de AFP no ligado necesariamente a la crisis sanitaria o al estado de excepción constitucional, sino que más bien por un tema de justicia social", añadió.

Consultado si es que esto podría pasar a llevar a la atribución exclusiva del Presidente de la República en materia de seguridad social, sostuvo que esta atribución es exclusiva solo "en materia de ley, no en materia de reforma constitucional".

Y acotó que lo que argumentó el TC para rechazar el segundo 10% fue que "se ocupaba un artículo transitorio para bajar el quórum de 2/3 a 3/5, y segundo, para meter allí un verdadero 'bypass' para vulnerar la reforma constitucional de fondo".

"No veo por dónde esto pueda ser inconstitucional", resaltó, pero sí reconoció que por ser una reforma permanente a la Constitución requeriría de un apoyo parlamentario de 2/3 para que el proyecto sea aprobado. "Es un riesgo que hay que correr, ponemos esta técnica legislativa sobre la mesa para el debate, y que sea la comisión de Constitución la que finalmente decida".

Según Soto, la próxima semana debiese asumir el diputado Ilabaca como nuevo presidente de la comisión de Constitución, quien se "comprometió" a funcionar este proyecto con las otras dos iniciativas de tercer retiro de pensiones que se han presentado. "Ahí que se dé el debate para ver cuál es la mejor técnica legislativa", dijo.

En cuanto al contenido del proyecto, Soto detalló que es "básicamente lo mismo que el primer retiro: establece un piso de 35 UF, un máximo de 150 UF, a pagar en dos cuotas a los diez días hábiles la primera, y los diez días hábiles siguientes la segunda, se establece la posibilidad de la retención por pensiones de alimentos, deja fuera a las altas autoridades del Estado".

Aunque, una "variación fundamental" que tendría esta iniciativa, subrayó el diputado, es que "incorpora la posibilidad del primer retiro de las rentas vitalicias". Idea que, en todo caso, ya está incorporada en otro de los proyectos para un tercer 10%, y la cual fue rechazada en medio del debate por el segundo.

Por su parte, la diputada Marzán, se refirió a la posibilidad de que el Gobierno decida recurrir al TC, y aseguró que "a nosotros no nos va a estar dando la espalda, a quienes les da la espalda es a la comunidad, a las cientos de familias que hoy día en nuestro país siguen pasando precariedades, necesidades y que son situaciones realmente extremas".

"Sabemos y entendemos que no es lo ideal, que no es lo que quizás nadie quiere en este momento que sean los chilenos y chilenas que con sus propios ahorros se estén salvando de una situación de precariedad económica a raíz de esta pandemia, pero sin embargo el Gobierno no ha dado el ancho con las ayudas, y eso lo vemos a lo largo de todo el territorio", concluyó.