La alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, junto a concejalas de la comuna, presentó un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso por notable abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa en contra del exjefe comunal Pedro Pablo Edmunds Paoa.

Cabe recalcar que Edmunds se desempeñaba como concejal de la comuna, pero “ante la inminente presentación de esta acción legal, presentó su renuncia voluntaria al cargo de concejal en la sesión del Concejo Municipal”.

En el escrito, Arévalo y las concejalas Moiko Jara Pate (Evópoli), Ivonne Nahoe (PPD) y Javiera Hucke Lira (PS) solicitan al organismo sanciones en contra de Edmunds, quien renunció a su cargo como concejal y se centran en tres cargos: perjuicio patrimonial y gestión financiera negligente; conflicto de interés y nepotismo; y graves falencias de control interno y mala administración.

Según señalaron, los montos involucrados ascienden a $929 millones “solamente en lo que se refiere al 2024, correspondientes a los últimos 12 meses de su gestión como alcalde, la que se extendió por casi tres décadas”.

En detalle, Arévalo detectó que se habría contratado reiteradamente y en forma irregular servicios de arriendo de vehículos “mediante la fragmentación de contratos y elusión deliberada de licitaciones, en directa infracción a la Ley de Compras Públicas, práctica que se convirtió en un mecanismo habitual”.

Dicha práctica habría evitado la fiscalización del concejo municipal y también habría vulnerado los principios de transparencia y legalidad. “En el año 2024, el monto comprometido asciende a $459.072.093, de los cuales $387.612.093 fueron autorizados directamente por el exalcalde. Además, en 2025 se regularizaron de forma extemporánea contratos del año anterior por un total adicional superior a $300.000.000, consolidando un grave perjuicio al patrimonio municipal”.


Dichos contratos, indicaron las autoridades, se habrían llevado a cabo sin estudios técnicos previos, ni mecanismos de selección objetiva, ni evaluación económica comparativa con otras alternativas del mercado.

Acusan contrataciones municipales directas
En esa misma línea, la alcaldesa y las concejalas advirtieron que hubo contrataciones municipales directas con una empresa hotelera que es propiedad del exalcalde y su familia.

Esto se habría llevado a cabo sin licitación y con la “participación personal del exedil. Además de contrataciones reiteradas de personal y asesores vinculados familiar o afectivamente a funcionarios municipales, ignorando deberes legales de abstención y probidad por más de $36.000.000”.