En octubre de 2019, en medio del estallido social más significativo de la historia reciente de Chile, Cecilia Morel, en ese entonces primera dama, pronunció una frase que recorrió el país como un diagnóstico doloroso pero necesario: "Tenemos que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás". Capturada en un audio privado que se filtró públicamente, la frase tenía la virtud de la honestidad. Reconocía, desde el corazón mismo de la élite gobernante, que Chile cargaba con una estructura de privilegios evidentes y que el malestar desbordado en las calles tenía raíces legítimas en la desigualdad y en los abusos reiterados de empresarios y políticos.

Han pasado apenas unos años desde aquel momento de lucidez —al menos retórica— y el grueso de la derecha chilena parece haber decidido que el tiempo transcurrido es suficiente para olvidar lo aprendido. Hoy, sectores mayoritarios de ese mismo espectro político promueven y defienden un paquete de medidas difícil de calificar, a la luz de aquella coyuntura, de otra manera que como una regresión políticamente suicida: reducción regresiva de impuestos y recortes al gasto público que afectan ministerios con funciones sociales sustantivas.

La honestidad intelectual obliga, sin embargo, a ampliar el diagnóstico. El extravío no es patrimonio exclusivo de la derecha. Sectores relevantes de la ex Concertación —la coalición que gobernó Chile durante dos décadas y que se reclama heredera de una tradición democrática y reformista— exhiben su propio movimiento pendular, igualmente difícil de justificar desde la coherencia programática. El mismo espectro que apoyó activamente un proyecto constitucional de vocación refundacional —calificado por sus críticos, con bastante razón, como de extrema izquierda— parece hoy dispuesto a abrir las puertas, con un pragmatismo que roza el oportunismo, a un paquete de política económica de derecha clásica como el que propone el gobierno de José Antonio Kast. Dos oscilaciones simétricas, igualmente reveladoras de una élite política que actúa por conveniencia más que por convicción.

El estallido social de octubre de 2019 tuvo causas profundas y no puede reducirse a su dimensión violenta y delictual. En democracia, Chile ha registrado avances notables en reducción de la pobreza, pero la reducción de desigualdades ha sido mucho más modesta. Estamos lejos de la sociedad mayoritariamente de clase media que algunos ingenuamente pregonan.

La respuesta política que siguió al estallido —incluyendo el propio discurso de las élites de derecha, con distintos grados de sinceridad— es la prueba más clara de que el modelo requería ajustes distributivos en dirección opuesta a lo que ahora se pregona. Hubo concesiones programáticas, políticas públicas impulsadas o aceptadas bajo presión, y un proceso constituyente que, independientemente de su resultado final, fue interpretado como la vía institucional para canalizar demandas de equidad y contra los abusos.

Lo que observamos hoy va más allá de un desacuerdo técnico sobre política fiscal. Lo que se propone es una agenda políticamente explosiva: una reducción de la carga tributaria que favorece desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos, combinada con recortes presupuestarios que incluyen las áreas que atienden las necesidades más urgentes de la población. Esta combinación profundizará situaciones de malestar —ya potenciadas por las alzas recientes de combustibles y sus efectos— en una sociedad que ha mostrado altos niveles de hastío e irritabilidad al menos desde la crisis del Transantiago.

La evidencia comparada en economía política es clara. Las políticas de reducción de impuestos progresivos y de recorte indiscriminado del gasto, aplicadas sobre estructuras de desigualdad preexistentes, difícilmente producen los efectos dinamizadores que prometen sus impulsores. Antes bien, deterioran la provisión de bienes públicos y agravan las brechas distributivas. El argumento de que la reducción del gasto público y de la presión tributaria —moderada en el caso chileno— favorece un crecimiento que derrama hacia abajo ha perdido sustento empírico incluso entre organismos que históricamente lo promovieron, como el propio Fondo Monetario Internacional.

Más allá de los argumentos técnicos, hay una dimensión política que no puede ignorarse: la inconsistencia entre el diagnóstico compartido en 2019 y la propuesta actual no pasará inadvertida para una parte importante de la ciudadanía. La percepción de que las élites reconocen sus privilegios solo cuando se sienten amenazadas, para luego intentar recuperarlos en cuanto la presión cede, alimenta el tipo de desconfianza que eleva la conflictividad social y la polarización política.

La inconsistencia de la derecha es la de quien reconoció los límites del modelo solo bajo presión para luego intentar desconocerlos. La de sectores de la ex Concertación es de naturaleza distinta pero igualmente preocupante: es la inconsistencia de quien oscila sin ancla doctrinaria ni programática visible, desde el maximalismo al acomodo, siguiendo la lógica del poder disponible más que la de un proyecto de reforma democrático.

Durante el proceso constituyente del primer período de Boric, figuras y partidos de raíz concertacionista prestaron apoyo —con distintos grados de entusiasmo— a una propuesta constitucional que iba bastante más allá del reformismo moderado que históricamente los había caracterizado. Aquella propuesta, rechazada por una mayoría contundente en el plebiscito de septiembre de 2022, contenía elementos difícilmente reconciliables con la tradición demócrata-cristiana y socialdemócrata de administración prudente del Estado democrático y de diálogo con los actores del mercado. El apoyo de sectores del centroizquierda histórico a ese texto fue leído por muchos analistas como una abdicación de criterio y una capitulación ante la presión del momento y de los aliados más radicales de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera.

Lo llamativo no es que ese proceso haya concluido en un rechazo —eso fue un veredicto legítimo de la ciudadanía—, sino la velocidad con que algunos de esos mismos actores parecen estar recalibrando su posición hacia el extremo opuesto. Abrirse a un programa de política económica de corte ultraliberal —el tipo de programa que la propia Concertación modificó significativamente durante sus gobiernos— no constituye una posición de centro. Es una segunda oscilación desmedida, tan alejada de la coherencia como la primera.

Existe un nombre para esta elasticidad programática: oportunismo. Su costo trasciende la credibilidad individual. Cuando los partidos del centro y el centroizquierda pierden capacidad de encarnar una posición reconocible y estable, dejan un vacío que suelen ocupar las opciones más extremas. La ciudadanía que busca una alternativa a los excesos del maximalismo y del conservadurismo regresivo no encuentra referente y, o bien se abstiene, o bien migra hacia opciones desafiantes que prometen coherencia antielitista frente a fuerzas tradicionales percibidas como al servicio de minorías.

Uno de los hallazgos más consistentes de la literatura sobre crisis políticas y sociales es que los episodios de convulsión como el chileno de 2019 abren oportunidades para reformas que de otro modo serían bloqueadas por intereses creados. Esos espacios no son permanentes —menos cuando, como ocurrió en Chile, se desaprovechan por torpezas e incapacidad de enfrentar a los maximalistas—. Cuando se cierran sin que las causas profundas del malestar hayan sido atendidas, el riesgo de nuevos ciclos de conflictividad aumenta significativamente.

Chile atraviesa, en este momento, una situación delicada. La fatiga ciudadana con los procesos de cambio, la crisis de representación que afecta tanto a la izquierda como a la derecha, y el ascenso de candidaturas de perfil desafiante son síntomas de un malestar apenas contenido, lejos de estar resuelto. Proponer en este contexto una política fiscal regresiva e irresponsable es estratégicamente miope.

Pareciera que no se aprende. O peor aún: se aprende para olvidar en cuanto la coyuntura lo permite.

La frase de Cecilia Morel puede leerse, en retrospectiva, como un lapsus en que la verdad emerge cuando la presión es suficientemente alta para superar los filtros habituales del discurso político. Si ese reconocimiento tenía algún valor genuino y no meramente estratégico, debería haber dejado alguna huella en las propuestas programáticas de los actores políticos. La evidencia actual sugiere que no fue así. El espacio del reformismo democrático serio y consistente que ese reconocimiento prometía abrir sigue vacante. Y los espacios vacantes en política no permanecen vacíos por mucho tiempo.

Hay una ironía cruel en esta dinámica: al oscilar sin ancla, las élites políticas tradicionales no solo se desacreditan a sí mismas, sino que construyen activamente el terreno sobre el que prosperan los outsiders y los movimientos antiestablishment. El patrón se ha repetido en las últimas dos décadas en democracias tan distintas como Italia, Francia, Brasil, Argentina y Estados Unidos, y la propia experiencia chilena ya lo anticipa.

Cuando los partidos del sistema demuestran de manera reiterada que sus posiciones son negociables hasta el punto de volverse irreconocibles, la ciudadanía concluye que el sistema es deshonesto. La deshonestidad percibida de las élites es el combustible más potente del discurso antielitista. El outsider —sea de izquierda radical o de derecha populista— no necesita un programa coherente ni una trayectoria impecable. Le basta con presentarse como ajeno a quienes han demostrado, una y otra vez, que la coherencia les importa menos que la supervivencia política. Esos actores dan verosimilitud a la frase "Todos son lo mismo". Pronunciada con suficiente convicción en el momento adecuado, esa frase ha bastado en otros contextos para derrumbar sistemas de partidos que parecían consolidados.

Permitir que ese fenómeno avance con nuevos episodios de inconsistencia y oportunismo es una irresponsabilidad histórica. Las élites que hoy se permitan el lujo de oscilar sin norte podrían estar firmando, sin saberlo, el acta de su propia irrelevancia definitiva.