Al menos 1.600 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad de Birmania (Myanmar) desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, denuncia un nuevo informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La investigación, presentada en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también indica que 12.500 personas han sido detenidas en la represión posterior al golpe, que además ha causado 440.000 desplazados internos.

“Hay motivos razonables para creer que el Ejército birmano ha actuado de forma amplia y sistemática contra la población civil”, cometiendo posibles crímenes contra la humanidad que incluyen asesinatos, torturas, o éxodos de población forzados, denuncia el informe.

En el caso de la tortura, se denuncia que los centros militares de detención en el país utilizan métodos que incluyen colgar al reo del techo y privarle de agua y comida; forzarle a permanecer de pie y en aislamiento largos periodos de tiempo; someterle a electrocuciones o drogarle; o alimentarle con carne de cerdo si es musulmán.


El informe también documenta asesinatos masivos como los ocurridos en julio del año pasado en la región de Sagaing (centro), donde unas 40 personas murieron en asaltos militares a poblados, o en diciembre en Kayah (este), cuando decenas de hombres, mujeres y niños fueron quemados vivos.

El poder militar ha mostrado en los 13 meses transcurridos tras el golpe “un desprecio flagrante a la vida humana”, con acciones que han incluido bombardeos aéreos a poblaciones y el uso de armamento pesado contra civiles.

La investigación señala que, aunque la mayoría de las violaciones de derechos humanos documentadas fueron perpetradas por las fuerzas de seguridad, se han recibido también denuncias sobre al menos 543 personas asesinadas por su presunto apoyo a las autoridades militares, algunos de ellos cometidos por grupos armados.

El informe de Bachelet reclama a la comunidad internacional que haga todo lo que esté en su mano para intentar poner fin a la crisis y “hacer que los perpetradores de estas graves de los derechos humanos rindan cuentas”.

También subraya que unos 14 millones de personas en Birmania necesitan ayuda humanitaria, pero que en muchos casos el envío de ésta ha sido bloqueado por las autoridades militares.