El anuncio del Gobierno de estudiar un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar el crimen organizado en barrios o polígonos territoriales acotados merece una discusión seria. No porque la propuesta deba descartarse de antemano, sino porque supone introducir herramientas extraordinarias en uno de los ámbitos más sensibles de una democracia, como es la relación entre seguridad, Fuerzas Armadas y ejercicio de derechos fundamentales. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha señalado que la figura podría aplicarse en zonas urbanas o rurales y contemplar restricciones al desplazamiento, las reuniones y las comunicaciones, junto con algún grado de colaboración militar cuyo alcance operacional aún no se conoce con suficiente precisión.

 

La preocupación que inspira la iniciativa es legítima. Existen territorios donde organizaciones criminales concentran violencia, controlan mercados ilícitos, intimidan a sus habitantes y reducen la capacidad efectiva del Estado. En esas condiciones, focalizar recursos y desarrollar intervenciones intensivas puede ser razonable. La pregunta es si de ese diagnóstico se desprende necesariamente que mayores restricciones de derechos y una participación directa de las Fuerzas Armadas producirán mejores resultados. La evidencia internacional aconseja separar esas decisiones. 

 

Cali, México y Brasil ofrecen experiencias distintas, pero comparten un rasgo relevante. En los tres casos, las Fuerzas Armadas fueron incorporadas directamente a tareas de seguridad pública y la capacidad coercitiva ocupó un lugar central. En Cali, Colombia, el Plan Fortaleza concentró patrullajes militares intensivos en las zonas con mayores niveles de criminalidad. Sin embargo, un estudio de Robert Blair y Michael Weintraub no encontró evidencia concluyente de que esta presencia redujera el delito o mejorara la percepción de seguridad. Por el contrario, los investigadores identificaron indicios de un posible aumento posterior de la criminalidad. Esto no significa que los militares no puedan contribuir en determinadas operaciones policiales, sino que su despliegue focalizado, por sí solo, no garantiza mejores resultados. 

 

México entrega una advertencia de mayor escala. Una evaluación publicada en 2026 en el Journal of Quantitative Criminology, sobre 2.429 municipios entre 2000 y 2022, no encuentra evidencia de una reducción de homicidios asociada a las intervenciones militares anticártel y estima niveles superiores de violencia en los municipios intervenidos. El estudio identifica, entre los mecanismos plausibles, la fragmentación de organizaciones, las disputas sucesorias y la competencia entre grupos rivales por mercados y territorios. Brasil completa la advertencia. Durante la intervención federal de Río de Janeiro en 2018 algunos delitos disminuyeron, pero las muertes provocadas por agentes del Estado aumentaron de 1.127 a 1.534 y representaron el 22,8% de toda la letalidad violenta registrada ese año. Los tres casos muestran que más coerción y mayor participación militar no aseguran un mejor balance de seguridad y pueden generar costos relevantes para la población civil. 

 

Suecia ofrece una alternativa más acotada y especialmente útil si Chile mantiene la decisión de incorporar capacidades militares a operaciones contra el crimen organizado o el terrorismo. Desde octubre de 2023, la policía sueca profundizó su cooperación con las Fuerzas Armadas bajo un principio de subsidiariedad, según el cual la policía continúa siendo el instrumento principal del Estado y solicita apoyo militar para capacidades específicas. La regulación general impide, además, utilizar militares cuando exista riesgo de que deban ejercer violencia o coerción contra particulares, salvo en regímenes especiales, como el antiterrorista. 

 

El valor del modelo sueco no radica en demostrar que los militares expliquen la reducción reciente de los delitos -la propia policía atribuye esa mejora a múltiples factores- sino en mostrar que es posible aprovechar capacidades militares sin convertir a las Fuerzas Armadas en policía territorial. Transporte, apoyo técnico o informática forense pueden reforzar una operación sin desplazar la responsabilidad policial ni transformar el territorio en un espacio de control militar. 

 

Inglaterra y Gales muestran una tercera opción que consiste en intervenir intensivamente territorios afectados por crimen organizado sin recurrir a las Fuerzas Armadas. El programa Clear, Hold, Build combina una acción policial inicial con una estrategia interagencial escalonada. Clear utiliza inteligencia, arrestos, decomisos y órdenes judiciales para desarticular la amenaza inmediata. Hold busca impedir que la organización se recomponga o que otra ocupe el vacío. Build incorpora gobiernos locales, vivienda, educación, salud, servicios públicos y organizaciones comunitarias para modificar las condiciones que permiten que las bandas criminales vuelvan a instalarse. Recuperar un territorio, desde este enfoque, no consiste solo en ingresar con suficiente fuerza, sino en asegurar quién lo sostiene cuando termina la fase intensiva. 

 

La evaluación publicada por el Home Office en 2025 estimó una reducción estadísticamente significativa de 23,7% en delitos adquisitivos. No hubo efectos significativos en todas las categorías delictivas, por lo que no corresponde presentar este programa como una solución infalible. Sin embargo, los resultados fueron mejores en intervenciones que habían avanzado desde Clear hacia Hold y Build y en zonas seleccionadas mediante mapeo de daño y presencia de organizaciones criminales. Para Chile, el aprendizaje es relevante. La focalización territorial puede ser útil, pero su eficacia depende de que el polígono responda a un diagnóstico preciso y de que la intervención combine desarticulación, estabilización y reconstrucción institucional.

 

Estos antecedentes ayudan a ordenar el debate. La propuesta contiene al menos tres decisiones que conviene distinguir. Primero, si es conveniente focalizar territorialmente los recursos del Estado; segundo, si esa focalización exige necesariamente un nuevo estado de excepción constitucional; y tercero, si además requiere la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.

 

Más que rechazar anticipadamente la iniciativa, corresponde elevar el estándar de su discusión. Si el Gobierno considera indispensable utilizar militares dentro de estos polígonos, debería precisar qué función cumplirán, quién ejercerá el mando operacional, qué medios podrán emplear, bajo qué reglas de uso de la fuerza actuarán y cuál es la capacidad que Carabineros o la PDI no pueden proporcionar. También debería explicar por qué ese déficit no puede resolverse mediante un esquema subsidiario como el sueco. Y si el propósito es recuperar de manera sostenible territorios penetrados por organizaciones criminales, convendría incorporar una lógica semejante a Clear, Hold, Build, aplicada en Inglaterra. No se trata solo de desarticular, sino también de impedir la recomposición y fortalecer capacidades estatales y comunitarias capaces de sostener la normalidad. 

 

Los estados de excepción pueden ser herramientas justificables ante circunstancias extraordinarias. Precisamente por ello, la carga de la prueba debe ser exigente. No basta con acreditar la gravedad del crimen organizado; hay que demostrar que las potestades ordinarias son insuficientes, que las nuevas atribuciones resuelven un déficit identificable y que sus beneficios previsibles superan los riesgos institucionales. La evidencia comparada no obliga a descartar la propuesta, pero sí aconseja evitar una equivalencia simple entre más militares, más restricciones y más seguridad. 

 

Chile tiene una oportunidad para diseñar mejor antes de legislar más duro. La focalización territorial puede ser necesaria y la cooperación militar especializada puede ser útil. Pero la sostenibilidad depende de inteligencia, persecución penal, coordinación interagencial, prevención, capacidad institucional, entre otros factores. Antes de crear una nueva excepcionalidad, conviene demostrar qué valor agregado aporta una facultad extraordinaria y por qué no existe una alternativa menos intrusiva capaz de producir el mismo resultado. En seguridad pública, la firmeza importa, pero su eficacia debe probarse.