Por Antonia Paz, Periodista y Cientista

En Chile, el debate sobre las apuestas online ha sido capturado por una narrativa tan efectiva como peligrosa: la protección de los menores frente a la ludopatía. Nadie sensato podría discutir la gravedad del fenómeno. Cuando uno de cada cuatro jóvenes —un 26% entre 12 y 32 años— reconoce haber apostado en el último año, estamos ante un problema real, urgente y de escala masiva.

Pero precisamente por eso, resulta inaceptable que ese mismo riesgo esté siendo instrumentalizado como argumento para no regular.

Aquí se instala una dicotomía que conviene desnudar: ¿proteger a los menores o regular el mercado?. La respuesta correcta —y evidente— es ambas. Sin embargo, el debate público ha sido artificialmente empujado hacia una falsa disyuntiva, donde la única solución pareciera ser la prohibición o la inacción regulatoria.

Y en ese vacío, hay actores que ganan.

La estrategia del miedo como política pública encubierta

La posición de la Polla Chilena de Beneficencia no puede analizarse en abstracto. Es un actor estatal con participación directa en el mercado de juegos de azar, con resultados financieros deteriorados en los últimos años, con ejecutivos cuestionados por sueldo millonarios, y con un modelo de negocios tensionado por la irrupción digital la que no ha sabido enfrentar ni a la que ha podido adaptarse.

En ese contexto, el discurso de “proteger a los menores” comienza a adquirir un matiz distinto: no sólo es una preocupación legítima, sino también una herramienta funcional para bloquear la entrada de competidores.

La lógica es simple:
Si las plataformas online son ilegales o quedan en un limbo regulatorio → no pueden competir formalmente.
Si el mercado no se regula → no se establecen reglas de entrada.
Si no hay reglas → el actor incumbente mantiene su posición, aunque el mercado real funcione igual, pero en la sombra.
Esto no es política pública. Es defensa de mercado bajo ropaje moral. Es cinismo institucional escondido bajo un griterío apocalíptico que no se ha visto en ninguna parte del planeta, solo para justificar lo injustificable: la prohibición para eliminar competencia. 

La evidencia incómoda: el mercado ya existe
El dato es brutal: miles de jóvenes ya están apostando, sólo porque carecemos y nos negamos a tener un sistema regulado, porque dejamos a los jóvenes y, por cierto, a los propios jugadores, sin protección estatal, sin controles efectivos.

Pero permitimos plataformas:
sin supervisión, sin tributación efectiva, sin mecanismos robustos de control de edad, y sin responsabilidad frente a conductas adictivas.

La prohibición, en este caso, no ha reducido el fenómeno. Lo ha trasladado a la informalidad digital en beneficio de los operadores, y en claro perjuicio de la sociedad toda.

Y en ese traslado, el Estado ha perdido en todos los frentes:
pierde recaudación, la que se torna inexistente en millones de dólares, pierde capacidad de fiscalización, la que desaparece absolutamente y, lo más grave, pierde la posibilidad de proteger a los menores de verdad.

El punto ciego del debate: la tecnología ya permite controlar

Aquí es donde el argumento prohibicionista se derrumba por completo, pues hoy existen mecanismos tecnológicos suficientemente robustos para impedir —o al menos reducir drásticamente— el acceso de menores: verificación de identidad en línea, validación contra bases de datos oficiales, reconocimiento facial, control biométrico en tiempo real, trazabilidad de comportamiento de usuario.

Luego, el problema no es técnico, sino regulatorio.

Un sistema bien diseñado podría exigir, como condición de operación: Identificación obligatoria y verificación cruzada con el Registro Civil. Autenticación biométrica para apertura y uso de cuentas.
Bloqueo automático de menores y autoexcluidos. Límites de gasto y alertas de comportamiento adictivo y Auditoría estatal en tiempo real de las plataformas.

Esto no sólo es posible. Es estándar y norma en múltiples jurisdicciones comparables donde están presentes casi los mismos actores informalizados por nuestro país, quienes han sido excluidos hasta del pago de impuestos por decisión de la autoridad, acción que raya con el fraude fiscal. 

La omisión regulatoria como forma de negligencia

Cuando el Estado sabe que existe un riesgo —y dispone de herramientas para mitigarlo—, pero opta por no actuar, la omisión deja de ser neutral y se transforma en negligencia estructural y en irresponsabilidad brutal.

Porque la pregunta de fondo es incómoda, pero debe hacerse:

¿Es más peligroso regular mal o no regular en absoluto?
La evidencia comparada es clara: la ausencia de regulación es siempre el peor escenario. Y, sin embargo, Chile, extrañamente Chile y no otro país de Latinoamérica; parece avanzar hacia ese punto, atrapado entre: discursos moralizantes, bajo gritos ensordecedores de alguna autoridad, intereses económicos encubiertos, que llegan al propio Estado y una incapacidad política de enfrentar el problema con seriedad técnica.

Regulación o hipocresía
La discusión de fondo no es ética. Es de diseño institucional y de responsabilidad estatal en el diseño de buenas políticas públicas.

Si el objetivo es proteger a los menores → hay que regular con tecnología. Si el objetivo es recaudar, hay que formalizar el mercado. Si el objetivo es competencia, hay que abrir con reglas claras.

Todo lo demás, prohibiciones simbólicas, vacíos legales, discursos alarmistas, no es protección. Es pura y simple hipocresía regulatoria.

Una decisión país

Chile está frente a una decisión estratégica que no puede seguir demorando: Persistir en el modelo actual, con un mercado informal, sin control, con menores accediendo sin barreras reales, y pérdida de recaudación millonaria.

O asumir la realidad y regular en serio con estándares tecnológicos, fiscalización efectiva, recaudación que falta y responsabilidad estatal.

La primera opción favorece a incumbentes debilitados, las Polla entre ellos.

La segunda protege a las personas, niños, jóvenes y adolescentes, jugadores y excluidos.

Y en política pública, esa diferencia lo es todo.
El problema no es que los jóvenes estén apostando, eso ya ocurre. El problema es que el Estado, pudiendo intervenir, como lo hace en alcoholes, ha preferido insólitamente mirar hacia el lado… mientras algunos convierten el miedo en negocio y ocultamiento de sus debilidades e incapacidades.

Esta ideas son un imperativo para hacer lo correcto, a hablar con la verdad duela a quien duela.