La iniciativa popular de norma (IPN) "Con mi plata no", que defiende la propiedad de las pensiones para el trabajador, encabeza con más de 4.700 firmas (casi la mitad de las que necesita reunir) la lista de propuestas ciudadanas que podrían ser objeto de debate durante la redacción de la nueva Constitución.

El proceso constituyente recibió la semana pasada 1.292 IPN de parte de la ciudadanía que se abrieron a votación popular para lograr las 10.000 firmas necesarias que cada propuesta requiere para ser debatida en el Consejo Constitucional, encargado de redactar la propuesta de Carta Magna.

El segundo y tercer lugar de la lista se lo disputan, por ahora, las iniciativas "Por un Estado sin Pitutos", con más de 3.800 firmas, que promueve que los funcionarios públicos sean nombrados con "criterios profesionales y no profesionales"; y "Una policía que nos proteja", con 3.600 firmas, que busca proteger a las Fuerzas Armadas y policías y "reforzar el legítimo uso de la fuerza pública".

Otras IPN destacadas se relacionan con políticas animalistas o la defensa de la "identidad de ser chileno".

Hasta el 7 de julio, los ciudadanos podrán votar digitalmente las 10 iniciativas de norma que más les atraigan, que proponen suprimir, modificar o introducir adiciones a los artículos del anteproyecto constitucional, redactado previamente por una comisión experta.

Otro mecanismo de participación ciudadana abierto a la ciudadanía son las audiencias públicas, a través de las cuales agrupaciones de la sociedad civil o personas individuales podrán presentar sus puntos de vista sobre el borrador ante los consejeros constituyentes.

Tanto las audiencias como las IPN fueron implementadas por primera vez en el primer intento de cambio constitucional que fracasó en septiembre, después de que el 62 % de los ciudadanos rechazaran en un plebiscito una propuesta de marcado carácter progresista.

El proceso constitucional chileno actual es el segundo intento en tres años por redactar una nueva Ley Fundamental.

El nuevo recorrido empezó con la labor de los expertos, que durante tres meses redactaron un primer borrador de texto constitucional sobre el cual ahora trabaja el Consejo Constituyente electo el pasado 28 de mayo en las urnas y culminará el 17 de diciembre, cuando se someta a plebiscito la nueva propuesta de Constitución.