El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago dictó una sentencia de seis años de presidio efectivo contra Claudio Iván Urrutia Lillo y Jorge Ignacio Ortiz Ortiz, ambos cabos primeros de Carabineros al momento de los hechos.

Los exuniformados fueron hallados culpables, en calidad de autores, del delito consumado de robo con intimidación ocurrido en diciembre de 2023.

Según lo informado por el Poder Judicial, el fallo unánime estableció además que Ortiz Ortiz deberá cumplir una pena adicional de 820 días de reclusión por el delito de falsificación de instrumento público.

Junto con las penas de cárcel, el tribunal aplicó las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, además de la toma de muestras biológicas para el registro nacional de ADN de condenados una vez que la resolución quede ejecutoriada.

Los hechos acreditados por los magistrados Erick Aravena Ibarra, Ana Cámpora Guajardo y René Bonnemaison Medel ocurrieron la mañana del 4 de diciembre de 2023. Mientras la víctima circulaba en su motocicleta por la avenida San Alberto Hurtado, en la comuna de Estación Central, fue interceptada por los ahora condenados, quienes se encontraban en su jornada laboral y utilizaban motocicletas institucionales.

Tras detener al conductor, los sujetos procedieron a registrar sus vestimentas y lo amenazaron con deportarlo. Durante la fiscalización irregular, sustrajeron desde sus pertenencias y su billetera una suma aproximada de $624.000 en efectivo.

Posteriormente, obligaron al afectado a desplazarse hasta las cercanías de la plaza Los Ciruelos, donde le devolvieron su teléfono celular y la billetera, pero huyeron con el dinero.

En el caso de Jorge Ignacio Ortiz Ortiz, la investigación determinó que confeccionó una infracción de tránsito falsa para intentar encubrir su ubicación. El documento señalaba que la víctima había sido fiscalizada en la comuna de Cerrillos por conducir sin licencia, dato que el tribunal desestimó completamente al comprobarse que el afectado no transitó por dicho sector ni a la hora señalada por el exfuncionario.

Al resolver la cuantía de la pena, el TOP de Santiago subrayó la gravedad de que los delitos fueran cometidos por agentes del Estado. Según la resolución, los acusados actuaron “abusando de las prerrogativas que la ley les entrega para el resguardo del orden público, la prevención de delitos y el servicio a la comunidad”. El tribunal añadió que esta conducta genera un daño mayor a la fe pública, pues se utilizó la estructura institucional para “justificar una actuación policial realizada fuera del marco legal”.

Debido a la extensión de las penas impuestas, los sentenciados no podrán optar a beneficios de cumplimiento alternativo y deberán servir sus condenas de manera efectiva en un centro penitenciario.