El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de millonarios perjuicios al Estado ocasionados mediante un entramado de intervenciones fraudulentas para la suscripción de un contrato entre la empresa pública ENAP —a través de su filial ERSA— y la consultora de asesorías medioambientales Besten S.A.

La Contraloría General de la República detectó una serie de inconsistencias en las fechas de cumplimiento del contrato que no lograron ser razonablemente esclarecidas por ENAP.

Además, se constató que los servicios no fueron finalmente utilizados, pagándose parte de los mismos incluso con posterioridad al cambio de tecnología que fue invocado como justificación por parte de la empresa pública para justificar su no utilización.

Asimismo, conforme señala el ente contralor, el monto de dichos servicios –por $308.000.000, pagado a suma alzada–, sería sustantivamente más elevado que el de otros de similares características contratados anteriormente.

Esta querella deriva del Informe Final Nº 813-2018 del Órgano Contralor, de fecha 25 de junio de 2020, que indica además que el contrato suscrito el 7 de noviembre de 2014 para la realización de dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), fue otorgado mediante adjudicación directa, la que debió hacerse por licitación.