La Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad de Zapallar revisar la ordenanza aprobada por la entidad edilicia, que restringía la libertad de desplazamiento para menores de 14 años y que los obligaba a transitar por la vía pública en compañía de un adulto entre las 00:00 y 5:00 horas.

La entidad fiscalizadora afirmó en su dictamen que "la Municipalidad de Zapallar deberá efectuar una rigurosa revisión del contenido de su ordenanza", luego de que aseguró que la orden "exceden el ámbito de sus atribuciones", ya que "toda vez que las restricciones a la libertad de desplazamiento de las personas es una materia que la Constitución Política de la República ha reservado a la ley".

Así, la entidad edilicia tiene un plazo de 15 días hábiles para informar al organismo contralor sobre de qué forma realizaran las modificaciones al texto.

"No procede que se regule por una ordenanza como la que se ha examinado, restricciones o limitaciones a la libertad individual de los adultos y menores a los que se refiere, al margen de la regulación constitucional y legal vigente sobre la materia", señaló la Contraloría en el pronunciamiento.

Cabe recordar que esta medida ya había sufrido modificaciones anteriormente tras cambiar el rango de edad a quienes aplicaría la ordenanza: pasó de 16 a 14 años. Además, la medida fue aprobada en diciembre de 2022 por cinco votos a favor, uno en contra y una abstención.

Repuesta del alcalde Luego de que se diera a conocer esta información, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, respondió al pronunciamiento a través de un comunicado de prensa, valorando que "la Contraloría, junto con las observaciones que nos hace, reconozca que las autoridades podamos brindar mayor protección a quien se encuentre en una posible vulneración de derechos".

En ese sentido, el edil afirmó que producto del contexto nacional, se buscan herramientas que “ayuden a la prevención de un delito o la vulneración de un derecho, y esta ordenanza en su aplicación es un caso de éxito”. Además, anunció que presentarán una “solicitud de reconsideración”, ya que, a su juicio, “no hemos excedido en ninguna de nuestras atribuciones y tampoco hemos pasado a llevar ninguna garantía constitucional”.

Comunicó asimismo que “llevamos adelante un trabajo en conjunto con la Defensoría que nos permitió mejorar sustancialmente la ordenanza original”. “Propondremos una mesa tripartita con la Contraloría General de la República, la Defensoría de la Niñez y el municipio, para subsanar los puntos en que tengamos diferencias de interpretación, ya que estamos convencidos que coincidimos en el fondo de esta ordenanza”, complementó el jefe comunal.