Por Alfredo Peña R.

La decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el requerimiento que buscaba frenar el proceso por eventual colusión entre Dreams, Enjoy y Marina del Sol no sólo reactiva el juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

También vuelve a instalar una pregunta mucho más incómoda, profunda y políticamente delicada: ¿cómo fue posible que el principal mercado regulado del juego en Chile operara durante años bajo serios indicios de coordinación anticompetitiva sin que el regulador hiciera absolutamente nada efectivo para impedirlo?

Porque el verdadero problema ya no es únicamente la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) respecto de eventuales acuerdos colusorios entre los tres principales operadores del país. El problema estructural es otro: la pasividad institucional de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Y ese silencio regulatorio tuvo consecuencias gigantescas.

La FNE sostiene que existieron coordinaciones para repartirse plazas y evitar competencia real en licitaciones de permisos de casinos. Si aquello se acredita judicialmente, no estamos frente a una mera infracción económica. Estamos frente a la destrucción práctica del modelo competitivo sobre el cual descansaba toda la industria.

Porque el sistema chileno de casinos fue diseñado precisamente para que múltiples operadores compitieran agresivamente por permisos escasos, ofreciendo:
mayores inversiones, mejores aportes económicos para las regiones, ofertas más innovadoras, infraestructura turística de estándar internacional, y pagos relevantes al Estado.

Pero si los incumbentes coordinaban posiciones o evitaban competir entre sí, entonces las ofertas presentadas jamás reflejaron el verdadero valor económico de los permisos adjudicados.

En otras palabras: Chile probablemente terminó entregando licencias estratégicas a valores artificialmente deprimidos.

Y aquí aparece el actor que nadie quiere analizar: la Superintendencia de Casinos de Juego.

Porque un regulador no está únicamente para revisar metros cuadrados, máquinas tragamonedas o balances financieros. Su deber institucional es resguardar la integridad competitiva del sistema.

Más aún cuando el mercado chileno de casinos tiene características extremadamente sensibles:
número limitado de permisos, altísimas barreras de entrada,
fuerte concentración, elevados costos y una interacción permanente entre incumbentes.

Todo manual básico de libre competencia identifica ese escenario como altamente vulnerable a conductas coordinadas.

La pregunta entonces es inevitable:

¿La SCJ realmente no detectó nada?

Porque si no detectó señales, entonces falló técnicamente en su labor fiscalizadora.

Y si sí las detectó, pero decidió seguir adelante igualmente con los procesos licitatorios, el problema institucional es todavía más grave.

La Superintendencia actuó durante años como un verdadero “Poncio Pilato” del mercado del juego: observó, administró, asignó permisos y validó procesos mientras la competencia efectiva desaparecía progresivamente.

Y lo hizo además bajo una narrativa pública completamente desconectada de la realidad.

Durante años se intentó instalar la idea de una gran modernización institucional de la industria. Sin embargo, los resultados concretos muestran exactamente lo contrario:
concentración extrema del mercado, debilitamiento financiero de operadores, caída de competencia real,
judicialización permanente, deterioro reputacional y ausencia casi total de nuevos actores internacionales relevantes.

Chile pasó de ser un mercado atractivo para grandes operadores extranjeros a transformarse en un ecosistema prácticamente cerrado sobre sí mismo.

Y eso no ocurre por casualidad.

Los grandes mercados internacionales del juego funcionan sobre la base de competencia intensa, apertura regulatoria y atracción constante de nuevos inversionistas. Cuando el regulador transmite señales de captura, rigidez o tolerancia frente a conductas coordinadas, los actores internacionales simplemente dejan de participar.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en Chile.

El resultado es devastador: menos competencia, menores inversiones, menores ingresos potenciales para las regiones, menos innovación y probablemente permisos adjudicados por cifras inferiores a las que un mercado realmente competitivo habría generado.

Por eso el juicio que ahora se reactiva ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia podría transformarse en algo mucho más grande que un simple caso de colusión.

Puede terminar convirtiéndose en un juicio histórico sobre el fracaso regulatorio de toda una época en la industria chilena de casinos de juego.

Porque si la Fiscalía Nacional Económica logra acreditar coordinación sistemática entre los principales incumbentes, entonces inevitablemente surgirá otra interrogante institucional:

¿Cómo la autoridad sectorial jamás activó mecanismos preventivos eficaces?

Y más importante aún:

¿Quién responde por el enorme daño económico e institucional que pudo haberse provocado al Estado, a las regiones y a la credibilidad del sistema licitatorio chileno?

La libre competencia no se destruye únicamente por quienes se coluden.

También se destruye cuando el regulador mira hacia el lado.