La controversia por el financiamiento público del festival “Excéntrico” no es un episodio menor ni una anécdota cultural. Es, en realidad, una discusión de fondo sobre los límites del Estado, la responsabilidad en el uso de recursos fiscales y el sentido mismo de las políticas culturales en un país con múltiples urgencias sociales.

La productora Contrafoco SpA se adjudicó cerca de $65 millones a través de un concurso del Ministerio de las Culturas para organizar un evento que promueve abiertamente contenidos pornográficos. La defensa oficial ha sido técnica: que el proceso fue regular, que evaluadores externos seleccionaron el proyecto y que la adjudicación no implica respaldo a sus contenidos. Pero esa línea argumental, aunque formalmente correcta, es políticamente insuficiente.

El punto no es si el procedimiento administrativo cumplió las bases. El punto es si el Estado chileno debe —o no— destinar recursos públicos a financiar la pornografía.

Quienes sostienen que sí apelan a la libertad de expresión y a la autonomía artística. Argumentan que el Estado no debe transformarse en un censor moral y que el financiamiento cultural no puede discriminar por contenidos incómodos o provocadores. En abstracto, es un argumento atendible. Una democracia liberal protege la libertad creativa, incluso cuando incomoda.

Pero libertad de expresión no es sinónimo de obligación de financiamiento estatal.

El Estado no está llamado a subvencionar toda expresión posible. Tiene el deber de garantizar libertades, no de financiar cada una de ellas. Hay una diferencia sustantiva entre permitir y promover con recursos públicos. Nadie propone prohibir el festival. La discusión es si corresponde que todos los contribuyentes —incluidos quienes legítimamente consideran que la pornografía no constituye un bien cultural que deba ser promovido— financien ese tipo de contenidos.

En un país donde se recortan presupuestos en seguridad, salud mental, listas de espera o infraestructura escolar, el debate sobre prioridades no es moralista; es político. La asignación de recursos siempre expresa una jerarquía de valores. Y cuando el Estado decide que un festival pornográfico merece $65 millones, está haciendo una definición.

Más aún, el argumento de que “la adjudicación no implica respaldo” resulta contradictorio. El financiamiento público es, por definición, una forma de respaldo institucional. No es censura exigir que los fondos culturales respondan a criterios de interés público claramente definidos y socialmente legitimados.

La controversia también deja en evidencia una debilidad estructural del sistema de fondos concursables. La externalización de la evaluación técnica no exime de responsabilidad política a la autoridad. Si el diseño de las bases permite que este tipo de proyectos accedan a financiamiento, entonces el problema no es el jurado, sino el marco normativo y los criterios de elegibilidad.

Por eso el debate no debería reducirse a una amenaza coyuntural de bloqueo legislativo por parte de la oposición. Ese es un síntoma, no la enfermedad. El tema de fondo es cómo el Estado define su política cultural y qué entiende por promoción del arte.

¿Debe el Estado ser completamente neutro frente a cualquier contenido? ¿O tiene derecho —y deber— de establecer límites razonables cuando se trata de recursos públicos? Una democracia madura puede defender la libertad de creación sin convertir al fisco en mecenas de toda industria.

La cultura es un bien público cuando amplía horizontes, fomenta reflexión, fortalece identidad y contribuye al debate democrático. La pornografía puede ser una actividad legal, pero eso no la convierte automáticamente en política cultural prioritaria.

En tiempos de estrechez fiscal y creciente desafección ciudadana frente a la política, decisiones como esta profundizan la sensación de desconexión entre autoridades y prioridades sociales. Y ese costo, a veces, es mayor que el monto del subsidio.

La pregunta, entonces, no es si la pornografía debe existir. Es si Chile necesita financiarla.