La crisis inflacionaria y el bajo crecimiento económico a quién más afecta es a las familias más vulnerables; especialmente porque la mayor inflación de los últimos 25 años impacta en los alimentos, en los combustibles y desde 1º de julio habrá un alza del 45% de las tarifas eléctricas.

Las familias más vulnerables, las desempleadas, las con trabajo informal y las con bajos salarios son las más afectadas por el aumento de la canasta básica de alimentos como el pan, el aceite, los tallarines, el arroz, las legumbres que tienen un incremento en 12 meses superior al 20% -lo que significa la mayor inflación en los últimos 25 años-.

Esto provocará un aumento de las familias en condición de pobreza y se requiere con urgencia ayuda fiscal, es la hora en que debe ayudarse a las familias con subsidios y bonos directos que compensen esta alza de los precios.

El gobierno creo un bono de apoyo para las personas con asignación familiar y con subsidio único familiar, pero ese mecanismo es insuficiente ya que un importante porcentaje de familias no tienen AF ni SUF, especialmente por su informalidad laboral y que pertenecen al 40% más vulnerable de la población, se requieren ayudas directas con vía una tarjeta de alimentos básicos para las familias que no calificaron para el SUF ni tienen asignación familiar.

 Viene un alza importante de las tarifas eléctricas desde 1º de julio y el gobierno se niega a dar un subsidio fiscal a las familias más vulnerables del 40% más pobre del Registro Social de Hogares, ni tampoco hace aportes fiscales al Fondo de Estabilización, como se lo demandó por unanimidad la Comisión de Minería y Energía del Senado.

 Es incomprensible que un gobierno progresista se niegue a dar un subsidio fiscal a los más vulnerables para atenuar alza de las tarifas eléctricas y no tenga problemas para aumentar el límite del subsidio fiscal variable en el MEPCO que favorece principalmente a las familias del 40% de mayores ingresos del país.

También es incomprensible que Gobierno no envíe aún los proyectos de ley para modificar el mercado del gas y terminar con las conductas abusivas de Metrogas, que está cobrando un sobreprecio del 20%, tal como lo recomendó hace meses la Fiscalía Nacional Económica. Tampoco se ha avanzado hacia un precio de gas licuado justo, no se ha legislado para que exista mayor intensidad competitiva en la distribución minorista de los cilindros del GLP y terminar así con los abusos de Lipigas, Abastible y Gasco.

En el tema congelamiento de tarifas del transporte público no se cumplió la promesa presidencial y las familias de las regiones de Atacama y Coquimbo, por ejemplo; están sufriendo desde este mes un alza de $100 en el transporte público.  

En contextos inflacionarios se requiere una acción rápida y decidida del Estado en dar mejor protección social a los más vulnerables y aquí aún queda mucho por hacer.

Se debe y se puede hacer mucho más para evitar que las familias más vulnerables sufran el peso de la crisis inflacionaria y alimentaria.

Quienes representamos a las comunidades locales nos movilizaremos exigiendo mayor ayuda fiscal para estas familias más empobrecidas que requieren esa protección social que deben dar las democracias modernas.